Jorge F Hernández - Desahucio

Leo en las páginas de este diario que Doña Josefa Hernández, de 63 años de edad y enferma de diabetes e hipertensión pasa ya sus noches en la cárcel de Tahíche, en la isla de Lanzarote de Canarias. La abuela fue sentenciada por haber construido hace diez años una casa en lo que es hoy el parque natural de Betancuria, ubicado en Fuerteventura, Canarias. El terreno donde izó la precaria vivienda para el mínimo bienestar de los suyos había sido propiedad de los padres de Doña Josefa y la construcción se realizó antes de que se declarara zona protegida por intereses medioambientales. Doña Josefa pagó 700 euros de multa, pero se negó a demoler la casa porque no tenía a dónde ir, amén con un hijo discapacitado y tres nietos que ella misma mantiene.

El revuelo e indignación de diversos grupos, organizaciones sociales y partidos políticos ha logrado que el presidente Mariano Rajoy anunciara hoy mismo que el gobierno de España indultará a Doña Josefa Hernández el próximo viernes y que ella y su familia no quedarán desamparadas, con lo cual se finca un caso donde el sentido común y cierta congruencia humanitaria, alivian o al menos se contraponen a los muchos casos de incongruencia y lamentables injusticias que ha transpirado el clima de desahucios de viviendas en España, consecuencia –entre otras verdades—de la explosión de la llamada burbuja inmobiliaria y demás ensoñaciones de abundancias que resultaron en engaños… y desahucios.







En México no son pocos los cientos de ciudadanos que habitan viviendas en situaciones irregulares –no sólo por su construcción en terrenos invadidos o por tomas clandestinas de luz y/o agua, teléfono e incluso drenaje—sino también por una cada vez más generalizada sensación de desahucio ante la incertidumbre y ferocidad de los mercados inmobiliarios, los latigazos de una economía que al parecer está en chino intentar entender y las muchas injusticias que revelan los eternos contrastes entre las clases sociales: mientras que cientos de trabajadores sólo pueden improvisar lo que será su hogar con infinitas preocupaciones, una despreocupada élite ha garantizado su bienestar con la multiplicación de casas –adquiridas no necesariamente para vivirlas ni mucho menos para convertirlas en hogar—sin el menor problema para la opulencia, despilfarro o comodidad en tamaño o ubicación. En particular, siempre ha sido tema de inquietud –si no de constantes corajes—la incongruencia o descarada liviandad con la que muchos políticos fardan lujosas propiedades que no corresponden a los ingresos que declaran.

Se acumulan meses, lustros y décadas en los que miles de ciudadanos que intentan vivir con sus cuentas en orden, sus casas apenas casas y a penas superadas de todos los días se ven forzados a obviar o tragarse las recurrentes justificaciones leguleyas o abiertas burlas descaradas con las que no pocos abusivos celebran señales de injusticia, desigualdad y autoritarismo. Hablo de que ya ni es noticia si los sueldos acumulados durante años por una actriz de telenovelas realmente suman los siete millones y medio de dólares que cuesta una casa inconcebible, o que ya nadie se gasta saliva en subrayar que una lideresa de un sindicato inmenso de maestros (en su mayoría, heroicos asalariados de apenitas que imparten cátedra en aulas sin techo o sin pizarrón) intente ahora justificar desde la cárcel ser dueña de casas por todo el mundo y además pedir que su condena sea traducida a un “arresto domiciliario” (que le fue negado) o ya nadie ve que valga la pena abrir discusión o comentario de que el Ciudadano Licenciado Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública (nombrado apenas hace unos meses por el C. Presidente de la República) haya concluido en su investigación sobre el posible conflicto de intereses en la conducta del propio C. Presidente de la República (que lo nombró, no obstante la urgente emergencia capilar que presenta el funcionario), su esposa Angélica Rivera (otrora actriz de telenovelas) y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (su compañero de Gabinete), al presuntamente favorecer al contratista Grupo Higa para la construcción de sus respectivas casas particulares (por lo visto, inhabitables ante el escándalo o revuelo que han suscitado).

En su despeinada conferencia de prensa, el Secretario Andrade informó que quedan libres de toda culpa los funcionarios por la asignación de dichos contratos al grupo inmobiliario (luego, también revelado como prestamista) que no solamente había sido uno de los principales contratistas del gobierno federal, sino también beneficiado en no pocas ocasiones durante la administración del ahora Presidente de la República durante su gestión como gobernador del Estado de México. La inocencia de los tres mencionados se finca –según el informe acairelado del Secretario Andrade—en que ninguno de ellos ha tenido ni tiene responsabilidad alguna en materia de licitaciones, que las transacciones se habían realizado antes de que formaran parte del gobierno federal y que los funcionarios que efectivamente realizaron las licitaciones para esas casas jamás fueron presionados ni recibieron ordenes expresas para asignar dichos contratos. Punto final, sanseacabó y ya ni valen la pena estos párrafos ni la gentil disculpa que el propio Presidente Peña Nieto expresó de viva voz, asumiendo que el tema había causado indignación y estupor en no pocos ciudadanos. Repito, no valen la pena ya las sobremesas ni los comentarios sobre un asunto que ya se da por cerrado, salvo que pende sobre mi inquietud la definición misma de Desahucio.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando un médico declara que un enfermo está desahuciado, confiere que no tiene posibilidad alguna de curación y dicho de un dueño, arrendador o inquilino de una casa se refiere a la acción legal con la que se le despide o expulsa de la propiedad. En el caso de Doña Hernández de las Islas Canarias, el indulto y la promesa de no dejarla en el abandono le permitirán salir de la cárcel y quizá empezar una nueva vida, pero dando cumplimiento legal al desahucio de la vivienda que fue su hogar (que por ubicarse en terreno ahora protegidos ya no puede ser habitado como tal) y en el caso de los políticos mexicanos, el desahucio de sus respectivas propiedades es ahora simbólico: la Primera Dama devolvió la casa para su venta –luego de regañarnos en una supuesta aclaración filmada que resultó difusa, si no es que confusa—y el presidente y su gabinete transpiran un ánimo relajado con respecto a este tema que –repito—ya a nadie le resulta noticia, indignación o interesante, mas para todo niño, anciano, trabajador, maestro, albañil, empresario, ama de casa, artista, fontanero, carpintero, chofer, atleta, lector o ciudadano que realmente desea un mundo donde al menos la realidad inmediata deje ser turbia, enredada, engañosa, injusta e injustificable, resuena como un eco imbatible la primera acepción de la palabra Desahucio, allí donde el diccionario nos recuerda que se trata de Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.



Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/26/actualidad/1440550745_675023.html