De atenernos a la postura del gobernador tendríamos que concluir que antes de su advertencia los linchamientos sí se permitían. Tres días más tarde, en el mismo municipio, dos hombres que intentaban subir a una mujer a un coche fueron golpeados y el auto quemado, aunque la policía alcanzó a rescatarlos. Al día siguiente, en una comunidad poblana los vecinos dieron muerte a un policía que intentaba defender a su detenido.
Por donde se le vea, el fenómeno ha escalado. Según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, de 1988 a 2014 se documentaron 366 linchamientos en México, a razón de 14 por año en promedio. El año pasado se registraron 62 linchamientos con saldo rojo, más de uno por semana, además de cientos de intentos de todo tipo.
El caso más dramático fue el de Ajalpan, Puebla, en octubre pasado, cuando dos hermanos que hacían entrevistas para un sondeo fueron quemados vivos al ser confundidos con secuestradores. Al parecer una niña había gritado cuando ellos se aproximaron. No importó que los dos jóvenes mostraran credenciales de la empresa encuestadora o se identificaran como estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, la turba enardecida buscaba a alguien que pagara por las muchas afrentas recibidas a manos de la delincuencia. Tras ser golpeados, un hombre acalló a la multitud y preguntó: “Lo que diga la mayoría, ¿que se quemen?”, “sí”, respondieron excitados y en coro los vecinos, más de 1.000 reunidos. Uno de ellos los roció de gasolina, otro arrimó el fósforo.
La rabia ante la impunidad y la exasperación de las comunidades estarían alcanzado nuevas cotas en cantidad e intensidad. La misma desesperación que llevó a varias comunidades de Michoacán a generar brigadas de autodefensa para contra atacar al crimen organizado. Se cansaron de que sus hijas fueran violadas impunemente, sus comerciantes y agricultores secuestrados, sus negocios extorsionados y sus trabajadores sistemáticamente saqueados ante la pasividad y, en ocasiones, la complicidad de las autoridades.
Por más que un gobernador decrete el fin de los linchamientos o la presidencia exhorte al cumplimiento de la ley, muchos mexicanos están convencidos de que la única justicia posible es la que puede procurarse por propia mano. Entre otras razones porque asume que las autoridades son las primeras en violar la ley.
Algo así debe haber pensado Alan Pulido, el jugador que milita en el Olympiakos de Grecia, al escapar de sus secuestradores hace unos días en su natal Tamaulipas. Prefirió asumir todos los riesgos y atacar a quien le vigilaba antes que sentarse a esperar un milagroso rescate.
De manera tácita las autoridades parecerían sostener la misma tesis. En las últimas semanas se ha levantado una ola de protestas (y mofas) ante la iniciativa de Miguel Mancera, alcalde de la Ciudad de México, de repartir dos millones de silbatos a las mujeres para que alerten a su entorno cuando sean víctimas de un ataque. Con toda razón se argumenta que el dinero y el esfuerzo invertido en esta campaña serían mejor aplicados si se destinaran a las causas del delito y se concentraran en los victimarios, en lugar de hacer responsable de su defensa a la propia víctima. Bajo la lógica de Mancera el siguiente paso sería contratar a Alan Pulido para que ofrezca en el Zócalo lecciones masivas de defensa personal para todo aquél que esté en riesgo de ser secuestrado.
La rabia de la calle produce infamias tan execrables como los linchamientos descritos. Pero los puentes mal construidos no van a mejorar por el simple expediente de suplicarle a la gente que pase por ellos, ni la población dejará de hacerse justicia allá donde el Estado es incapaz de garantizarla.
@jorgezepedap
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/02/actualidad/1464821654_598422.html
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