¿Qué van hacer los políticos frente a esta exigencia que confronta la esencia misma de su identidad como gremio (la corrupción se ha generalizado entre los servidores públicos sin importar ideologías ni partidos)? El enriquecimiento inexorable de todo aquel que tiene acceso al patrimonio público no sólo ha sido el incentivo para el que opta por esta carrera, sino el rasgo distintivo del oficio. “Un político pobre, es un pobre político”, es poco menos que un lema profesional. Se da por descontado que un diputado se hará de un rancho y un funcionario de una mansión, de la misma manera que se asume que el contable usa gafas y el médico se presenta con una bata blanca.
El problema es que el resto de la sociedad ya se ha hartado del abuso y así lo ha hecho saber. Lo cual deja la pregunta en vilo: ¿aceptará el Gollum renunciar a su precious, al anillo dorado y adictivo, al enriquecimiento a costa del erario que formaba parte de sus atribuciones?
En 2012 Enrique Peña Nieto reconquistó el poder presidencial para los priistas. El votante no los reinstaló porque fuesen honestos sino porque se suponía que ellos sí tenían oficio, tras 12 años de gobiernos panistas inoperantes. Y en efecto, entre las banderas del presidente no había promesas de honestidad sino de efectividad contra la atonía económica y a favor del empleo, la educación, la seguridad pública y la infraestructura básica. Cuatro años después la opinión pública ha decidido que los escasos logros en estos frentes no justifican los escándalos y el incremento visible de la expoliación de los recursos públicos por parte de la clase política.
Los funcionarios primero optaron por ignorar la exigencia. Cuando advirtieron que no podían silenciarla, ofrecieron un par de medidas de control de daños; nombraron a un supuesto zar anticorrupción, que resultó un cortesano del poder. La medida fue gasolina sobre la hoguera. Cientos de miles de firmas demandaron una legislación radical en materia de transparencia y algunos círculos empresariales de peso confrontaron al poder ejecutivo. Finalmente, los votantes castigaron a los gobernadores más desaseados.
La clase política ha resistido hasta el límite. A regañadientes dio entrada a los nuevos proyectos de ley pero ha intentado neutralizarlos o, al menos, desnatarlos. Con todo, esta semana han sido aprobados.
Los cambios no aseguran nada, desde luego (no hay espacio para abordarlos en detalle: leyes de transparencia y de responsabilidades públicas más severas, consejos ciudadanos con atribuciones para vigilar y castigar), pero permiten convertir en una arena de batalla lo que antes sucedía tras bambalinas. Es cierto que la justicia en México nunca ha sido un tema de precariedad de las leyes, sino de voluntad para cumplirlas. La legislación prevaleciente permitiría meter en la cárcel a la mitad de los gobernadores y a todos los líderes sindicales, pero sólo se ha aplicado a los enemigos políticos del soberano.
Con todo, las nuevas instituciones son herramientas poderosas a condición de que una opinión pública activa y participante las haga suyas de manera permanente. A fines de los noventa una presión similar provocó que los ciudadanos tomaran el control de las estructuras electorales. Con paciencia y oficio, la clase política acabó recuperando buena parte de ese control con el paso de los años.
En materia de corrupción la ciudadanía aún no consigue un triunfo cabal sobre la clase política, simplemente obtiene el derecho de disputarle al Gollum su preciada joya en la superficie y a la vista de todos. La batalla apenas comienza.
@jorgezepedap
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/15/mexico/1466025333_560366.html
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