martes, 19 de julio de 2016

Jorge Zepeda Patterson - Honestidad con fórceps

El presidente Peña Nieto frena a sus gobernadores corruptos y el nuevo líder del PRI, Enrique Ochoa, plantea incluso la posibilidad de destituirlos. ¿Anuncios cosméticos encaminados a apaciguar a la tribuna o un giro significativo en una agenda, el combate a la corrupción, hasta ahora despreciada por el Gobierno?

En términos discursivos las promesas de Peña Nieto no difieren en mucho de las que difundió en febrero del año pasado cuando designó al responsable de combatir la corrupción en la administración pública. Palabras encomiables rápidamente traicionadas en los hechos cuando se supo la identidad del nuevo zar de la transparencia: un compinche del primer círculo presidencial.










Sin embargo, varias cosas han cambiado en los últimos meses. La derrota del PRI en las elecciones de junio justo en los estados encabezados por gobernadores que se habían convertido en epítomes de la deshonestidad deja en claro que los electores están dispuestos a cobrar la factura. Y el PRI no puede darse el lujo de perder el próximo año los comicios del Estado de México (que además de terruño de Peña Nieto es la entidad con más población y peso político: la mayor parte de los capitalinos vive en ella). Y menos aún puede permitirse abandonar Los Pinos tras las elecciones de 2018. Les tomó 12 años recuperarlo, harán lo indecible para no perderlo.

La clase política puede tener un apego hormonal al patrimonio público, que considera como suyo, pero su obsesión por mantenerse en el poder es aún mayor. La diferencia entre las promesas de honestidad de parte del presidente en febrero de 2015 y en julio de 2016 es que hace año y medio la lectura que se hacía del “problema de la corrupción” era otra; un molesto incordio, pero nada más. Los mexicanos siempre se habían quejado de la corrupción, pero la asumían como un componente inevitable de la realidad nacional y bajo esa premisa actuaban los gobernantes.

Pero elecciones y encuestas muestran inequívocamente que eso ha cambiado. Sea porque los excesos de los políticos superaron la tolerancia convencional o porque la sociedad se ha vuelto más crítica y exigente (o una combinación de ambas razones), lo cierto es que la deshonestidad, por fin, se ha convertido en razón suficiente para echarlos del poder. Esa lectura no se tenía en 2015.

¿Hasta dónde puede llegar el presidente en este acto de contrición de cara a la comunidad (y desde luego que poner en capilla a tres de sus gobernadores lo es)? Obvia decir que no se trata de una súbita conversión franciscana sino esencialmente de un acto político por así convenir a sus intereses. Pero eso no significa que los alcances sean menores.

Para empezar, no sólo neutralizó las intenciones de los tres gobernadores que intentaban un golpe jurídico e institucional para asegurarse la impunidad eterna. También pone las barbas a remojar de los otros 29 que están en funciones y los que habrán de llegar. No es poca cosa si consideramos que los mandatarios estatales se habían convertido en sátrapas regionales y sus excesos estaban fuera de control.

Será interesante observar los alcances de la nueva estrategia. Podría tratarse simplemente de un intento de lavado de rostro, con el riesgo de quedarse corto. Los cortesanos que rodean al presidente (medios de comunicación incluidos) pueden hacerle creer que con estos gestos ya resolvió el problema. Cuando designó a su amigo Virgilio Andrade como zar anticorrupción todo el país se mostró indignado pese a que la oficina presidencial genuinamente estaba convencida de haber resuelto la crisis de legitimidad surgida tras los escándalos que afectaron al primer círculo. ¿Quedará en eso estos recientes golpes de pecho?

Cabe otro escenario, desde luego. Que el PRI entienda que la única posibilidad que tiene para sobrevivir al 2018 es darse una especie de auto golpe de Estado en materia de transparencia. Es decir, aprovechar los meses que le quedan en el poder para quitar a la oposición las banderas del combate a la corrupción (que todo indica será el tema central en las próximas elecciones). Incluso en tal caso muchas de las medidas serán discursivas, pero otras afectarán de manera irreversible el entramado jurídico e institucional. Ya lo hizo así un régimen priista en los años noventa en materia electoral.

Siempre he creído que no se puede confiar en los políticos. Pero también estoy convencido de que no debe subestimarse lo que están dispuestos a hacer para sobrevivir: incluso el bien común. Veremos.



Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468447025_192107.html



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