La gente en México está harta de la corrupción. Qué bueno, porque ya es insostenible lo que estamos viendo. Increíble observar, en estas épocas de democracia política y globalización económica, que los gobiernos actúen como el crimen organizado. No exagero. Es lo que retrata la magnífica investigación periodística de Mariel Ibarra y Silber Meza publicada por Expansión: el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo robándole su patrimonio a empresas y particulares.
El reportaje “Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, abre con una ilustración que explica la red de funcionarios del gobierno priista que extorsionan y despojan a la gente. Es el típico mapa que utilizan las policías para describir las relaciones entre los delincuentes y sus mandos. Al centro aparece la fotografía de Borge, que bien podría ser la de El Chapo.
No se trata del típico caso de corrupción institucionalizada. No. Es peor. Es usar la fuerza del Estado para robar. Así de burdo. Si durante el gobierno de López Portillo, por allá de los años setenta, el jefe de la policía capitalina, El Negro Durazo, era el crimen organizado en el Distrito Federal, hoy, casi cuatro décadas después, el gobierno de Quintana Roo es el que roba dinero y propiedades.
En la investigación de Expansión —realizada en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que dirige María Amparo Casar— se describe el modus operandi del saqueo:
1. Un supuesto trabajador inicia una demanda laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo en contra de una empresa.
2. La Junta inicia el procedimiento sin notificar a la compañía o la notifica en un domicilio desconocido para ella.
3. La empresa no se entera de la demanda, por lo que no tiene posibilidad de defenderse.
4. El empresario se entera cuando llega una orden de embargo de bienes o le inmovilizan sus cuentas bancarias.
5. Acude a un juez para ampararse y le piden que lleve el expediente judicial que no conoce; en algunos casos lleva a un notario público a que dé fe de la falta de entrega del expediente; en otros, entregan un amparo que la Junta no acata.
6. La dependencia falla a favor del trabajador y las cuentas bancarias del patrón son vaciadas para cobrar el laudo.
7. Los bancos no pueden hacer nada debido a que se trata de una orden legal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Gracias a este reportaje me entero que Pochteca, al empresa donde trabaja mi hermano, y que cotiza en la bolsa, fue víctima de este fraude: “Le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi cinco millones de pesos producto de dos juicios laborales”. Nunca les notificaron y, hasta hoy, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso.
En algunos casos, los inmuebles del afectado son embargados para dizque asegurar el pago a los trabajadores que demandaron. De acuerdo a la investigación, los criminales tienen acceso al Registro Público de la Propiedad. Muchas veces falsifican su información. Para embargar, los delincuentes usan a la policía del estado o grupos de choque. Un buen día, sin avisar, llegan a las propiedades y las despojan a sus dueños reales. Luego estos inmuebles son, misteriosamente, adquiridos a precios de remate por funcionarios y políticos del PRI y del Partido Verde.
“La estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés. Los protagonistas de éstos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado ‘paquete de impunidad’ para el gobernador priista”.
Borge conoce esta historia desde hace mucho tiempo. En el estado han sido publicados desplegados. Algunos empresarios se quejaron. El gobierno abrió una mesa de diálogo con ellos coordinada, nada menos y nada más que por De la Peña y Pineda, es decir, los presuntos criminales.
Cualquier comentario editorial acerca de esta historia sale sobrando.
Leído en
http://www.enlagrilla.com/not_detalle.php?id_n=70728
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