La respuesta fácil sería que lo son. Tomo, sin embargo, tres ejemplos recientes. Encuentro grandes semejanzas entre el quintanarroense Roberto Borge y el veracruzano Javier Duarte. No así con el chihuahuense César Duarte.
Duarte, Javier. Un espléndido reportaje del portal Animal Político, publicado en junio, desarrolló lo que apunta a ser un fraude orquestado por el gobierno de Javier Duarte. Describió, una por una, 21 empresas fantasma creadas ex profeso entre 2012 y 2013 para ganar licitaciones “fáciles”. Las empresas recibían el dinero y desaparecían sin tomarse la molestia de distribuir los bienes que marcaba la licitación, sin siquiera hacer la finta de que cumplían. El desfalco ascendería a 646 millones de pesos. El SAT informó el domingo que están identificados 34 contribuyentes relacionados con el caso, y que ya emitió 26 órdenes de auditoría, además de que se han presentado 32 querellas ante la PGR. El SAT detalla que en la constitución de estas empresas participaron 23 fedatarios. Parece, sabe, huele a la peor corrupción.
Borge, Roberto. Otro reportaje espléndido, éste de la revista Expansión, difundido la semana pasada, documenta “la maquinaria institucional compuesta por funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Roberto Borge, que arrebataron el patrimonio de empresas y particulares”. El trabajo registra y profundiza en la forma en que operó este sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo operaba también mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Un espanto. Parece, sabe y huele a la peor corrupción.
Duarte, César. El gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, acusa al gobernador César Duarte de servirse del Congreso local para contratar de última hora un escandaloso endeudamiento por 6 mil millones de pesos. A diferencia de Borge y Javier Duarte, este Duarte salió a enfrentarlo, desmentirlo y descalificarlo. Explicó que se trata de una bursatilización por esa cantidad y que el mecanismo fue aprobado en diciembre, con el voto de los diputados del PAN, como parte del presupuesto 2016. Se justificó con el argumento de que como el gobierno de Chihuahua había hecho un gasto extraordinario en seguridad y educación, el gobierno federal le daba una concesión para utilizar los peajes de las carreteras federales en la entidad. De los 6 mil millones, 3 mil serían para pagar compromisos actuales y el resto para las necesidades del gobierno entrante. Se calculó que se generarían por ese peaje 50 mil millones de pesos en los 30 años de vigencia de la concesión. Javier Corral me confirmó que ayer lunes iniciarían las reuniones de transición con el gobierno de Duarte y que ahí tocarían el punto. Me quedé con la sensación de que en este tema no tendrá mucho de donde asirse. Porque ahí ni parece ni huele a la peor corrupción.
Tres ejemplos recientes, en fin. Dos semejanzas y una diferencia.
MENOS DE 140.
Que todavía no viene en camino el informe de la CNDH sobre Tanhuato. ¿Qué lo detiene?
Leído en http://www.enlagrilla.com/not_detalle.php?id_n=70730
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