El IFE incompleto y la seguridad nacional Jorge Fernández Menéndez

Hace casi exactamente un año, la Cámara de Diputados tendría que haber cumplido con su obligación constitucional de designar a tres consejeros electorales del IFE, para reemplazar a los tres salientes y completar el número de nueve que integran esa instancia. No lo hicieron: no se pusieron de acuerdo con los nombres y postergaron las designaciones. Hace unas semanas, intentaron nuevamente sacar una terna y una vez más no se obtuvieron las dos terceras partes de los votos suficientes para llegar a un acuerdo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Chauyffet, reconoció que los diputados estaban violando la Constitución al no cumplir con los plazos legales para completar el Consejo General del IFE. Pero no pasó nada. Algunos legisladores y analistas han dicho que no importa, que el IFE de todas maneras puede seguir funcionando sin completar los nueve consejeros. Y es verdad, puede seguir funcionando, pero se olvidan en el camino algunas cosas básicas.
Primera y principal, que el IFE debe tener nueve consejeros no es un capricho: así lo establecieron desde hace años las fuerzas políticas, para que hubiera  mayor pluralidad en su conformación, pero también con el fin de evitar empates en las votaciones.
El IFE actual, que proviene de la tristemente célebre reforma de 2007 que lo descabezó y rompió con uno de sus principios básicos, el de que sus consejeros fueran inamovibles, para garantizar así su independencia, fue conformado cada vez más por cuotas de los partidos pero, ahora, para colmo ni siquiera se han podido poner de acuerdo con esa distribución de cuotas. Pero en el camino se olvida que la legitimidad del Instituto ha sido puesta en debate y, al dejarlo incompleto, sin todos sus consejeros, esa legitimidad se erosiona aún más.
Pero hay otros problemas graves. Imaginemos por un momento que el IFE tenga que tomar, como lo está haciendo, decisiones controvertidas en la precampaña. Imaginemos que deba sancionar o que deje de hacerlo a un aspirante que ha roto las reglas. Imaginemos, por ejemplo, que el PRD no pueda completar la elección de sus consejeros y congresistas antes del 15 de noviembre, como se lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imaginemos que, en ese contexto, se tenga que quitar el registro a un partido o a un aspirante. ¿Usted cree que este IFE, incompleto, con seis de sus nueve consejeros, podría hacerlo sin sumir las elecciones en un caos?
Dejemos atrás esa posibilidad, pero entonces imaginemos el conflicto que el IFE trae con los medios electrónicos, empeñado como está en sacar un nuevo reglamento de radio y televisión que los medios consideran imposible de aplicar en los términos en los que lo está planteando el Instituto. ¿Usted cree que un Consejo del IFE incompleto y sin renovación podría cumplir con esas responsabilidades sin generar conflictos? ¿Se imagina qué sucederá, por ejemplo, si ese reglamento se aprueba por los actuales consejeros cuando hay tres espacios vacíos y los medios no pueden cumplir con él? Estaríamos ante la coartada necesaria para invalidar o deslegitimar el proceso electoral.
Vayamos a otro escenario. Imagínese usted algo muy probable: que el crimen organizado penetre a los partidos políticos con candidatos involucrados con las organizaciones criminales. ¿Cree usted que un Consejo del IFE incompleto tendrá legitimidad para descalificar a esos candidatos, recopilar los datos, los antecedentes, para establecer con claridad quién puede o no ser un aspirante a un puesto de elección popular? Imaginemos por un momento que se producen hechos de violencia en la campaña,  ¿cree usted que un consejo del IFE con sólo seis miembros tendrá la credibilidad para orientar las elecciones sin ser acusado de favorecer a un partido u otro, a un candidato u otro, sobre todo en un contexto de violencia?
Vayamos a la jornada electoral y supongamos, lo que es difícil, que ninguna de las otras opciones se dieron, o que se dieron pero no terminaron de reventar el proceso electoral. Imaginemos entonces tener, otra vez, una elección federal cerrada, con diferencias muy pequeñas entre el primero y el segundo contendientes. Si en 2006, con un IFE completo y funcionando mucho mejor que el actual, la confrontación fue durísima, los resultados desconocidos por parte de los participantes y con repercusiones que se arrastran hasta nuestros días, ¿usted cree que el hecho de que se esté violando la Constitución, que no se tenga completo al Consejo General, que las leyes electorales no se hayan aplicado, ya no sólo para los participantes sino en el caso del árbitro, no será un argumento para demandar la anulación de las elecciones o denunciar su ilegitimidad?
Todo eso posible y probable. Completar el Consejo General del IFE con los tres consejeros que faltan no sólo es un acto de responsabilidad y una obligación legal de nuestros legisladores, sino un tema que afecta a la gobernabilidad y la seguridad nacional. No se puede violar la Constitución y pensar que no pasa nada.

Leído en  http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=777890