A nadie debería preocuparle que al presidente Felipe Calderón lo demanden ante la Corte Penal Internacional. Es un tribunal reputado y se asume que los ahí señalados serán tratados imparcialmente. Tampoco debería ser relevante el advertir que junto con su interés jurídico, quienes piden enjuiciar al mandatario busquen también medrar políticamente con la resonancia que provoque el caso. Pero lo que sí es
alarmante es que la Presidencia de la República revire ante la querella con un comunicado oficial en el que advierte que “las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo
señalan ya las voces más autorizadas en la materia. *Sin embargo*, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Estamos ante el más cuestionable Calderón, el que olvida no sólo su investidura sino su carácter de abogado y de militante de un partido que alguna vez, ante la cerrazón del gobierno mexicano, acudió a instancias
internacionales (conflicto poselectoral de Chihuahua). ¿Por qué no fue la Secretaría de Gobernación la que rechazara ante la opinión pública la denuncia? ¿Por qué si especialistas pueden con sencillez argumentar en
contra de los fundamentos de la demanda se llegó a la amenaza? (Gerardo Laveaga, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha dicho en estas horas que la denuncia no tiene ninguna probabilidad de prosperar, pues además de que en el México de hoy no se configuran ni genocidio, ni crímenes de lesa humanidad o de guerra, el carácter de la CPI es supletorio, es decir que solamente entra cuando ya se agotaron todas las posibilidades de justicia en la nación).
Uno podría dar cierto crédito al comunicado de marras cuando enuncia que en México hay “poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías…”; pero esas aseveraciones son puestas en entredicho por el propio documento cuando advierte que procederán legalmente ante lo que ellos mismos califican de imputaciones calumniosas y temerarias. Si hay un régimen de libertades, por qué la advertencia que no sólo enrarece el ambiente, sino que además supone una probable violación por parte del gobierno de la llamada Declaración de los defensores, instrumento mediante el cual las naciones se comprometen a respetar el derecho a defender derechos.
¿En la Presidencia no se dan cuenta de que el comunicado –que además se hizo publicar en diarios nacionales después de que ya era un escándalo en las redes sociales— puede ser visto como un factor que inhibe la
libertad de expresión? ¿En el gobierno se darán cuenta de que contraviene su propio programa de derechos humanos, o habrá algún promotor de derechos humanos que no se haya sentido amenazado? ¿O se
trata en realidad de un mensaje de la Presidencia hacia las fuerzas armadas para despejar cualquier duda de que no se va a permitir indagar/cuestionar sobre las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos del Ejército, la Marina e incluso la Policía Federal?
Más en http://www.sinembargo.mx/opinion/29-11-2011/3393
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