El primer sábado del año, La Jornada informó que el ex presidente Ernesto Zedillo reclamó “inmunidad legal” ante una corte federal estadunidense (en Hartford, Connecticut, estado en cuyo condado de New Haven reside por su desempeño como profesor en la Universidad de Yale), frente a la nueva acusación de que es sujeto, dizque por “conspirar, junto con el entonces procurador general, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la matanza” de Acteal.
“Crímenes contra la humanidad” es el cargo que le levanta una decena de sobrevivientes.
El ex presidente, decía la nota, niega responsabilidad en los hechos ocurridos en aquel poblado chiapaneco el 22 de diciembre de 1997.
A través de sus abogados, los denunciantes afirman que Zedillo aplicó el plan de campaña Chiapas… ¡de 1994!, elaborado por la Secretaría de la Defensa durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari.
Ese plan entrañaba una estrategia para sofocar el movimiento insurgente zapatista, y fue dado a conocer por el autor de estas líneas dos semanas después de la masacre, en particular donde se hablaba de apoyos a organizaciones “de autodefensa” y creación de grupos (no denominados así en el documento) paramilitares.
No es la primera vez que ese reportaje sirve de pretexto para intentar que Zedillo sea procesado por un crimen que no cometió.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess de Miami, Florida, en nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes, viudas e hijos de víctimas de Acteal (donde fueron asesinadas 45 personas), “cuyos nombres se mantienen bajo reserva”.
El abogado Roger Kobert dijo “que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas”.
Lo cierto, sin embargo, es que no solamente Zedillo no aplicó ese plan, sino tampoco el propio Salinas de Gortari, quien decretó unilateralmente el cese de los enfrentamientos a pocos días de que estallara el conflicto con los seguidores del subcomandante Marcos.
El plan de campaña Chiapas fue diseñado en octubre de 1994: menos de dos meses antes de que Salinas dejara la Presidencia y con el divisionario Antonio Riviello Bazán como secretario de la Defensa.
Zedillo, más bien, se empeñó en llegar a un acuerdo de paz que abortó en San Andrés Larráinzar en febrero de 1996 porque, no sobra recordarlo, Marcos incumplió el compromiso contraído en abril de 1995 en los Acuerdos de San Miguel, que obligaba a los zapatistas y a la Federación a proseguir las negociaciones aun si en algunos puntos no hubiera arreglo.
Las tragedias, por desgracia, son políticamente capitalizables, y el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess debiera saber que el historiador Héctor Aguilar Camín demostró, en un reportaje magistral, que aquel 22 de diciembre no fue atacada una multitud indefensa mientras rezaba, sino que se dio una batalla de mercenarios vengadores del asesinato de un antizapatista contra milicianos del EZLN…
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.