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| Carlos Puig. |
El ministro Arturo Zaldívar fue nominado a la Suprema Corte de Justicia por el presidente Felipe Calderón. El ministro Zaldívar ha sido una piedra en el zapato para el presidente Felipe Calderón.
Fue suyo el proyecto —derrotado en la Corte— sobre la guardería ABC que ponía responsabilidad en funcionarios cercanísimos al Presidente.
Ahora, en menos de una semana, dos decisiones del ministro pueden afectar a este gobierno en asuntos que han sido medulares para él.
Dice, entre otras cosas, el proyecto de Zaldívar sobre el caso Florence Cassez: “Al quedar acreditado en el expediente que los agentes de policía que detuvieron a Cassez no contactaron de inmediato con el consulado francés, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular”.
Aprobar por el pleno el proyecto y liberar a Cassez sería un dardo preciso contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Luis Cárdenas Palomino y contra una decisión de Calderón que afectó la relación con Francia. Sería también un mensaje claro a policías, soldados y ministerios públicos en estos tiempos de guerra contra el narco: si no se hacen las cosas como se deben, no se valen.
Es el ministro nominado por Calderón quien también ha resuelto contra lo que fue política del sexenio: debilitar al IFAI por medio de impugnaciones legales ante Tribunales. Hábito de la PGR en estos cinco años. En una sentencia dada a conocer hace unos días —relacionada con el caso Radilla— escribió Zaldívar: “… el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Así resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación.
“Por lo antes expuesto, esta Primera Sala considera que los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos —como la interposición de un juicio de nulidad— o de facto —como la simple negativa de entregar información— para eludir dicho cumplimiento”.
Es decir, no más argucias legales para opacar la transparencia.
Está muy bien que el autor de estos proyectos sea el ministro Zaldívar. Habla bien de él y de quien lo nominó.
Twitter: @puigcarlos
dudarazonable@milenio.com
Leído en: http://impreso.milenio.com/node/9125634
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