Bastará que dos de sus pares apoyen el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que la ciudadana francesa Florence Cassez, juzgada y sentenciada en tres instancias judiciales como secuestradora, recobre de manera inmediata y absoluta su injusta libertad.
Con el del ponente y cada uno de sus votos, los ministros José Ramón Cosío, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo resolverán hoy el destino de la señora, y a la vez nos dirán si merece confianza la suma total (incluidos ellos) del sistema penal y las instancias judiciales de México.
Su disyuntiva se antoja no sólo desproporcionada, sino demencial: deberán optar entre la forma y el fondo.
Y son formales las argucias que se esgrimen para satisfacer apetitos extrajudiciales en apariencia “correctos”, pero nadie en el poder que los cinco ministros encarnan ha puesto en duda el fondo: los argumentos en que se sustenta jurídicamente (no mediáticamente) la culpabilidad de Cassez.
Así de simple, y hasta el impulsor de la excarcelación lo sabe.
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