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| Sergio Aguayo |
La compra y coacción de votos se reproduce como plaga porque ni los partidos quieren frenarla ni la trinidad arbitral puede castigarla.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atiende denuncias individuales. Son pocas las que sobreviven al largo y sinuoso proceso. El inicio es fácil: se hace la imputación por teléfono o en persona; luego viene el calvario de probar lo dicho. El denunciante que quiera asesoría legal deberá pagar alrededor de 200 mil pesos (el asunto tarda un par de años). Si se gana es magra la victoria: sólo se castiga a la persona que cometió el delito, no al candidato o partido que lo ordenó o al que benefició.
Los partidos tienen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero rara vez lo utilizan por el alto nivel de exigencia probatoria. Revisé el caso paradigmático de una demanda del PRI contra el PAN en 2009 que había ganado con compra y coacción el Distrito 3 de Veracruz por 89 votos. El PRI acumuló evidencia y testigos que certificaron con notario.
La Sala Regional del TEPJF en Jalapa le dio la razón al tricolor; anuló tres casillas y le entregó la curul. El asunto llegó a la Sala Superior y Alejandro Luna Ramos se puso hiperexigente. Desechó a un testigo porque dijo que la coacción se había dado "durante la jornada", cuando debió haber precisado "durante toda la jornada"; al notario lo descalificó por haber sido diputado del PRI, etcétera. El PAN terminó quedándose con la diputación pese a la evidencia presentada.
El abogado Iván Castillo es un experimentado litigante en materia electoral y su posición es tajante: es "virtualmente imposible evitar legalmente la compra y coacción", es como "pelear contra una pared", no "pasa absolutamente nada". Ello explica su incontrolable crecimiento. Leí una buena cantidad de discursos y declaraciones y los árbitros tienden a callar o silenciar el problema. Aquí un pequeño incidente que revela la inercia. En marzo de este año Leonardo Valdés Zurita presentó un libro en Querétaro y el Diario de Querétaro reprodujo su preocupación por la compra y coacción. En el boletín del IFE desapareció lo relacionado con ese ilícito.
De cuando en cuando algún alto funcionario reconoce el problema. En mayo de 2011 la procuradora Marisela Morales lamentó las "prácticas cada vez más sofisticadas de compra y coacción del voto", y el ex titular de la Fepade, José Luis Vargas, reconoció en una entrevista que el marco jurídico está desfasado. En 2011 la Fepade y la PGR propusieron una reforma penal electoral para corregir la situación; nunca fue aprobada y el entonces gobernador Enrique Peña Nieto fue quien más trabas puso.
Los partidos son corresponsables de lo que pasa. No combaten la compra y coacción de votos porque todos las practican aunque es obvio que lleva ventaja quien tiene más recursos o cargos. En estos días que se acrecientan las denuncias y los reclamos por estos usos y costumbres, las respuestas dependen del México en el que uno se ubique.
Habrá tres elecciones en México: la primera es la moderna donde las casillas se instalarán y la información fluirá en un alarde de organización y tecnología. En la segunda se ultiman los detalles para el festín de compra y coacción; en la tercera más de cinco millones de electores irán a sufragar en zonas de alta peligrosidad. Los resultados estarán contaminados por lo que suceda en el México pobre y el México violento.
Los árbitros electorales tienen un marco legal insuficiente y están a merced de unos partidos insolentes. Lo resuelven parapetándose tras una muralla de silencio, evasivas o triunfalismo. Realzan todo lo bueno que tenemos y dan la espalda a los tres grandes fallos estructurales del actual sistema electoral: los gastos ilegales de campaña, la inseguridad y la compra y coacción del voto.
¿Ayuda que Leonardo Valdés asegure que si la compra y coacción se "denuncia, la Fepade" perseguirá y castigará el delito cuando eso rara vez sucede? ¿Es justo que regañe a la ciudadanía porque no denuncia cuando son los partidos y los árbitros los principales responsables de lo que está pasando? Si queremos mejorar la calidad de las elecciones debe reconocerse que en México se compran votos y se intimidan electores. Negarlo o disimularlo provoca escepticismo y desencanto. Sólo pedimos ser tratados como mayores de edad.
LA MISCELÁNEA
En un fallo impecable el juez 24 absolvió a Sergio Dorantes, injustamente acusado de un asesinato que no cometió. He seguido el caso durante casi una década y ahora sólo falta que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF, presidida por Edgar Elías, haga definitiva la inocencia de Dorantes.
Colaboraron Abraham Rojas M. y Maura Roldán. Agradezco la asesoría de Reyes y Castillo Consultores, bufete especializado en derecho electoral y constitucional, dirigido por Iván Castillo y Joel Reyes.
Leído en: http://www.sergioaguayo.org/html/columnas/Mayoresdeedad_200612.html
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