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| German Martínez |
El asilo diplomático concedido por el gobierno de Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julián Assange; la apertura del juicio en Cuba a Ángel Carromero, militante del Partido Popular español, acusándole de homicidio, y la solicitud lopezobradorista de anular la elección presidencial mexicana tienen un común denominador: usar a las instituciones del Estado de derecho para buscar pleitos, chantajear adversarios, alebrestar falsos nacionalismos y robustecer liderazgos desde el encono social.
El presidente Correa abusó de la figura internacional del asilo, para atizar en Latinoamérica el sentimiento antinorteamericano. Proteger en su sede diplomática de Gran Bretaña al pirata informático Assange -acusado de delitos sexuales- no es un acto destinado a fortalecer el respeto a los derechos humanos, es la típica fanfarronería para nutrir de aplausos fáciles al gobernante populista. Se utilizan y desgastan las herramientas del derecho para hacer política, cuando precisamente la política debía protegerlas y cuidarlas.
Por su parte, el Gobierno cubano abrió sin garantías de independencia e imparcialidad, y sin transparencia, un juicio a un anticastrista español, Ángel Carromero, quien de visita a la isla tuvo un percance en su auto, y en el siniestro murió Oswaldo Payá, el líder más importante de la disidencia cubana. El proceso penal, por su hermetismo, celeridad inusitada y la severa pena de siete años de prisión solicitada por el fiscal, tiene un tufo a venganza política contra un opositor. También aquí el manejo de la justicia mira la conveniencia política. Es un escarmiento a los rivales de la dictadura de los hermanos Castro. Es muy fácil imaginar el desenlace si el accidentado hubiera sido un “camarada” venezolano. Éste ya estaría en libertad.
En ambas escenas el gobierno es fuente de conflicto. Ecuador con el gobierno inglés y Cuba con el español. Tensar la cuerda es la instrucción. Y las instituciones o herramientas creadas por la ley son simples ejecutoras de la consigna previa. Los tribunales y el derecho rendidos a la soflama.
La impugnación electoral de López Obrador ante el Tribunal Electoral tiene el mismo objetivo del asilo a Julián Assange o la acusación a Ángel Carromero: aprovechar y explotar a las instituciones del estado de derecho para emprender una ofensiva política contra los adversarios. Ni Correa ha demostrado compromiso pleno con la libertad de expresión, ni Cuba respeto absoluto a los derechos humanos, ni Andrés Manuel lealtad democrática y acatamiento de las sentencias electorales.
Exigir la nulidad de la elección presidencial con el argumento de una manipulación televisada y la “compra” de votos, sin ofrecer pruebas, es maniobra política para degradar a las instituciones de justicia, porque se conoce de antemano el resultado: la elección presidencial mexicana se declarará “válida”. El Tribunal sufrirá un desgaste y López Obrador quedará como víctima inocente.
López Obrador no busca serenamente decantar un parecer, sino echarle leña al fuego. No quiere la aplicación de la ley, sino la ratificación de su consigna. No somete uno hechos al “imperio” del tribunal, pretende someter al tribunal con hechos imaginados, parcialmente valorados y, en el fondo, falsos.
El Gobierno mexicano debería pronunciarse categóricamente contra el uso del derecho internacional para fines de propaganda populista en Ecuador, exigir en Cuba la inmediata liberación de ese ciudadano español y solicitar, ¿por qué no?, al Tribunal Electoral confirme y apruebe la elección presidencial.
El derecho, sus instrumentos y sus instituciones no pueden ser el tapete decorativo que pisan unos caudillos-buscapleitos.
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/assange-cuba-y-amlo
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