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| Raymundo Riva Palacios |
Los casos sirven para medir los niveles de represión de un gobierno y la forma como cada sociedad procesa la censura o mal entiende la dinámica de tensión entre medios y gobiernos en sociedades abiertas. En el caso de Rusia, la banda Pussy Riot se apoderó del altar en la principal catedral ortodoxa del país para entonar una canción profana donde pedían a la Virgen María que los rusos se deshicieran del presidente Putin. Las jóvenes fueron arrestadas en febrero, y su caso se convirtió en una causa que galvanizó a las más grandes celebridades de la música, a defensores de los derechos humanos, a Estados Unidos y a la Unión Europea en contra de ataque a la libertad de expresión.
Al dictarse la sentencia el viernes, una de las jóvenes, Nadezhda Tolokonnikova, gritó: “¡Estamos felices porque trajimos la revolución más cerca!”. Las jóvenes sabían lo que hacían cuando se metieron a la catedral de Cristo el Salvador a interpretar su canción de protesta. Pussy Riot no parece haber nacido para otra cosa que como instrumento de oposición a Putin. Nunca han comercializado ninguna canción ni muestran intenciones de hacerlo más adelante. Parece más un grupo político que musical, donde en lugar de retórica hay canciones. Pero los orígenes y las motivaciones de Pussy Riot no justifican la acción en contra de la libertad de expresión de una disidencia que ha crecido desde diciembre pasado, cuando tras las cuestionadas elecciones parlamentarias, Putin regresó al poder.
En el caso del choque entre el empresario Joaquín Vargas y el Gobierno Federal, la ficha de cambio que ambos señalan en el juego de la concesión de la banda de 2.5 GHz, es la conductora Carmen Aristegui. El 7 de febrero de año pasado, Vargas anunció su despido por “transgredir el código de ética” y haber difundido rumores como noticia. Días después la reinstaló. Vargas afirma hoy que lo presionaron para darle la concesión si la mantenía fuera de su empresa, y a quien señaló de ser el mensajero, Javier Lozano, exsecretario de Trabajo, respondió que fue Vargas quien ofreció su cabeza para lograr su objetivo empresarial.
Si se ve fríamente el episodio, no hay un tema de fondo sobre libertad de expresión, sino que se utiliza esta como pretexto de fines empresariales. Esto no significa que este gobierno, como el de Vicente Fox y los priistas y los perredistas en otros niveles, no tengan una vena autoritaria que busca censurar periodistas. Lo han intentado, pero cuando menos desde hace cuatro administraciones, el éxito de sus gestiones va de la mano con la colaboración del dueño del medio. En este caso, el resultado está a la vista.
Carmen Aristegui sigue realizando su trabajo cotidiano —uno de los más útiles para los ciudadanos, por cierto— y ejerce su libertad de expresión. Aquél episodio de febrero no modificó su línea editorial, ni los políticos o el gobierno le hicieron el vacío. Tampoco hubo un boicot publicitario en contra de MVS. ¿En dónde radica en este diferendo la libertad de expresión? No aparece, salvo en la retórica y en los dichos y contradichos. No caigamos en la provocación. No vale la pena abrigar intereses ajenos al ámbito de la libertad de expresión con esfuerzos pírricos, cuando las amenazas que existen en contra la libertad de prensa son reales y crecen, pero se encuentran en otro lado. Este es un tema de libertad de empresa, no de prensa. No nos equivoquemos una vez más.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Leído en: http://www.vanguardia.com.mx/espejosdelacensura-1355937-columna.html
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