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| Raymundo Riva Palacio |
Y, bueno, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández estuvieron a la mano para ello. La PGR fue al rescate del buque horadado de los marinos y entregó a la prensa los avances de la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas, a quienes informó que si no comparecen ante el Ministerio Público de la Federación para aclarar la procedencia del dinero con el que compraron algunos bienes, se los decomisarán. La estrategia para ocultar un escándalo con otro es un buen intento, pues el contenido de los bienes que pueden ser decomisados son un manjar para medios y un festín para la sociedad. La joya informativa más sexy de todo el paquete de bienes amenazados es una isla en las costas de Veracruz registrada por un prestanombres de Yarrington.
No hay mucho de nuevo en el anuncio, que es interesante porque la PGR cambió su método de filtración, por un edicto. Pero parece claro que la PGR no buscaba la novedad, sino la distracción, donde los ex gobernadores Yarrington y Hernández fueron presa fácil. Su caso no es sencillo, sin embargo. Ambos están siendo investigados por presunta relación con el narcotráfico, y en particular con el Cártel del Golfo y sus otrora aliados Los Zetas, cuyo nombre está en el corazón de la opinión pública desde hace varios días. Los ex gobernadores resultaron, de la nada, los pichoncitos con los que el gobierno federal procura tapar el desastre de la Marina, que todavía no sabe cómo salir del hoyo y explicar con claridad qué pasó con Lazcano, y cómo presumiblemente lo mataron el domingo pasado.
SEGUNDO TIEMPO: No te nos olvidas, Moreira… ¿Rubén? ¿Humberto? Las carambolas de ocho bandas en la vida política del norte de este país, que está totalmente vestida de roja, no paran. En la advertencia a los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de que les iban a incautar sus bienes, se añadió otro nombre vinculado con ellos, pero con ramificaciones en la cercana Coahuila. Se trata de Ricardo Gamundi, quien dirigió al PRI tamaulipeco en los tiempos del asesinato del candidato al gobierno Rodolfo Torre Cantú y que fue prácticamente expulsado por Egidio, el actual mandatario y hermano del infortunado político, que también está enemistado con Hernández. Gamundi, a quien investiga la PGR por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, también fue colaborador cercano del ex presidente del PRI Humberto Moreira, quien perdió a su hijo la semana pasada en un asesinato que hizo estallar la crisis en la familia Moreira y mostrar abiertamente el choque con su hermano Rubén, que es el actual gobernador de Coahuila. El gobernador Moreira apareció en todo este juego de espejos el viernes, para ayudarle un poquito a su procurador, que al igual que la Armada está metido en el problema de explicar qué pasó con Heriberto Lazcano, el jefe de Los Zetas. El procurador Homero Ramos ha tenido sus 15 minutos de fama por haber sido él quien decidió corroborar la identidad de dos caídos en un enfrentamiento con la Marina y haber informado que era Lazcano. Pero tras la gloria vino el hundimiento porque se robaron el cuerpo del jefe zeta, porque la necropsia de Lazcano es un desastre y porque sus versiones se contraponen todo el tiempo con las de la Marina. Si la PGR tuvo que salir a rescatar a la Armada, ¿por qué no haría lo mismo el gobernador con su procurador? Después de todo, si no detienen la gangrena en pierna ajena, se les puede infectar la suya.
TERCER TIEMPO: Tres años, y casi todos tambaleándose. Hace dos años, al rendir su primer informe de gobierno, Rodrigo Medina corroboró que su sexenio en Nuevo León iba a ser muy complicado. A la misma hora que lo pronunciaba, se dieron 32 bloqueos en Monterrey que El Norte, periódico líder en la región, dijo que eran narcotraficantes que desafiaban al gobernador. Los bloqueos parecían más la obra de una mente política y perversa —le pagaron 800 pesos por bloqueo a jóvenes quinceañeros— para crear la percepción de desgobierno que una creación de los criminales. Visto a distancia, fue el principio de un largo proceso de desestabilización que, en efecto, no abreva de los narcotraficantes —que en forma paralela generan otro tipo de problemas que tiene enfadado a los empresarios con el gobernador-—sino, principalmente de correligionarios priistas, particularmente el ex diputado Rogelio Cerda, quien fue el hombre de confianza del antecesor de Medina, Natividad González Parás, y que quisiera remplazarlo en la silla. No es el único priista en el intento. Está Benjamín Canales, que ya fue gobernador interino y hermano de un ex mandatario panista, Fernando Canales. La pinza la termina El Norte, que defiende una agenda más bien panista, dirigido por los hermanos Junco, que por décadas han ejercido el poder político en Nuevo León. Más coraje le deben tener porque Medina ganó a Fernando Elizondo, ex senador y ex secretario de Energía, pero sobre todo ex consuegro de Alejandro Junco, la gubernatura. Hace unos días Medina rindió su tercer informe de gobierno, después de semanas de golpeteos constantes en la prensa que afirmaban que sus días como mandatario estaban contados. Eso nadie lo puede saber con certeza, pero de lo que tampoco nadie duda es que el proceso de demolición sigue contra Medina y no se sabe cuánto más aguantará.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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Leído en: http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=143320
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