Luis Espinosa Cházaro, diputado del PRD, con la voz en cuello exclamó: “Pero más increíble aún nos parece que en Estados Unidos, de donde enviaron el armamento, donde si bien es cierto no hay una afectación directa a su población, hayan llamado a comparecer a más de once representantes, a 11 funcionarios, incluido el procurador general, quien estuvo a punto de ser destituido por no clarificar la información”.
En la tribuna estaba. Y entonces apostilló: “¿Por qué acá, en donde ponemos los muertos, donde está la violencia, hemos pretendido tapar o echarle tierra a un asunto que cada que se aleja en el tiempo parecería que se desestima, pero que nos sigue causando tantas muertes de inocentes?”.
Acción Nacional, en voz de la diputada Adriana González Carrillo, sorprendió con un posicionamiento de opositor. Habló como si ya no fuera el PAN el partido en el gobierno. “Estamos atentos”, decía González Carrillo, “a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del Operativo Rápido y Furioso, y también del (operativo) Receptor Abierto. (Armas) que están en manos del crimen organizado. Y también apoyamos al gobierno de México para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.
Se refería la panista a los funcionarios del Gobierno estadounidense que hicieron posible el contrabando infame de más de 60 mil armas, de quienes –según la panista- habría que pedir su extradición para que sean juzgados en territorio mexicano.
David Pérez Tejada Padilla, del PVEM: “La gestación de un hecho tan lamentable como el denominado Operativo Rápido y Furioso no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y Estados Unidos, de detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida. Tampoco refleja que ambos gobiernos estén trabajando para fortalecer la cooperación bilateral en la materia, a pesar de haberse ratificado este compromiso por los presidentes de ambos países en Washington”.
Y apostillaba el pvemista: “Aquel patio trasero que aludió Aguilar Zinser (el ex canciller de Vicente Fox, muerto en un accidente carretero en el mismo sexenio) pasó a ser lamentablemente el campo de pruebas de Estados Unidos; un laboratorio en el cual se ha derramado sangre y han perdido la vida víctimas inocentes donde será demasiado difícil encontrar al culpable. Ha sido un juego mortal, como la ruleta rusa, donde el gobierno de Estados Unidos facilitó el arma con la que México jaló el gatillo y nos dimos el tiro de gracia”.
Lourdes Eulalia Quiñones Canales, duranguense, del PRI, afirmó: “Dejemos a un lado, por un momento, la controversia sobre si la investigación del Congreso (norteamericano) se debió a una disputa inter partidista y de carácter electoral, si el presidente Obama se excedió con su orden ejecutiva en la protección del titular del Departamento de Justicia, si esta persona mintió o no alguna vez al Comité del Congreso (de aquel país) cuando fue cuestionado durante las nueve ocasiones en que compareció, y si su reciente exoneración junto con los otros funcionarios es justa o no lo es. Se trata de asuntos internos ajenos a nuestro país”.
Remachó entonces la diputada federal del PRI: “Lo que sí es de interés prioritario de nuestro grupo parlamentario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permanecido omisa al trasiego de armas, no obstante la evidencia anterior y a pesar de que se ha reconocido que aquellas armas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado tanto en México como en Centroamérica”.
Quien propuso el Punto de Acuerdo al Pleno, la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz, había dicho hacía unos minutos que la PGR y la Cancillería mexicana deben con gran urgencia a los mexicanos un informe pormenorizado sobre el Operativo gringo que tantas muertes, indirectamente, ya causó en México. Muertes como las que criminales causaron en Ciudad Juárez a 17 jóvenes en Villas de Salvácar, o la muerte del estadounidense Jaime Zapata, agente de Migración y Aduanas de su país, cuando iba por una carretera de San Luis Potosí en 2011. O las que ya ocasionaron en Centroamérica.
Un dato más de Aleida: la PGR no ha informado a la sociedad mexicana, ni siquiera porque el pasado 21 de septiembre admitió que ya inició el análisis del informe del inspector general del Departamento de Justicia relativo al Operativo Rápido y Furioso, de la Oficina norteamericana de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la dependencia gringa que estuvo a cargo del contrabando de armas que prohijaron para dizque perseguir a las cabezas del crimen organizado en México.
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/ni-rapidos-ni-furiosos
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