El martes 23 de octubre por la mañana Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís se subieron a una camioneta Ford Lobo para ir a un hospital del ISSSTE en la capital de Chihuahua. Él era dirigente de El Barzón en un ejido, ella maestra de escuela. Avisaron que eran seguidos cuando circulaban por una brecha; más tarde aparecieron muertos. A él le dieron un balazo en la cabeza, a ella en el abdomen. Una semana antes habían golpeado y amenazado a Ismael; el Gobierno de Chihuahua no hizo nada para protegerlo.
Una tradición mexicana es el saqueo de sus abundantes recursos naturales. El método empleado es muy sencillo: aunque no se cumpla con las exigencias de la ley los "desarrolladores" construyen, perforan o desmontan. A partir de ese momento los perpetradores defienden el hecho consumado con determinación y beligerancia. La mayoría de las veces tienen éxito porque cuentan con la complicidad o la anuencia de políticos o funcionarios y con los infinitos recursos que el litigio ofrece. A los cambios ilegales del uso del suelo le han entrado aguerridos perredistas, el frívolo Niño Verde en Cancún, los priistas solemnes o los panistas ceremoniosos.
Es un manantial inagotable de dinero fácil. Son también expertos en doblegar la resistencia de las comunidades (cuando la hay, porque en México la participación social es bastante rala). Lo común es que la protesta se diluya por la lentitud y el costo que tienen las gestiones y los litigios, o por los discretos "arreglos" con líderes venales. Hay casos en los que el conflicto crece porque el agravio es tan profundo como sólido el liderazgo y la organización. Esta dinámica tiene etapas. Una indispensable es el rompimiento de los inconformes y el funcionario a cargo del asunto. Cuando hay conflicto los afectados visitan al responsable que solícito ofrece mediar entre empresario y comunidad ¿quién no conoce las mesas de diálogo?).
Cuando no hay solución y los agraviados hacen denuncias públicas, el político se "siente" ultrajado y responsabiliza de intransigentes a los afectados (a veces lo son). Entonces inicia la difamación que es la antesala de la eliminación. Me dicen personas en cuya buena información y juicio confío que Ismael y Manuela eran líderes auténticos, incorruptibles y eficaces en el combate a quienes afectaban a los ejidatarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura: los granjeros menonitas que perforaron pozos para regar sus cultivos quitándole el agua a los oriundos y la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver Corp. que empieza a devastar esa parte de México. Los compañeros de la pareja asesinada señalan como presuntos responsables a granjeros o mineros.
Chihuahua es una entidad polarizada por la violencia. En aquel estado hay un sector de la sociedad organizado que critica desde hace años a la autoridad por su incompetencia. Hay poderosos que ven con rencor a los beligerantes defensores. El Gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los y las defensoras lucraban con el dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. En El Heraldo de Chihuahua se acusaba, el 14 de octubre, a Ismael y a El Barzón de "extorsionar" a la minera y comportarse como "gánster[s]".
El caso de Ismael y Manuela no es aislado. Si tomamos las protestas contra mineras canadienses, Mariano Abarca fue asesinado en Chiapas después de enfrentarse a Black Fire Exploration Ltd., Bernardo Méndez murió en Oaxaca por un conflicto con Fortune Silver Inc. La inversión extranjera es beneficiosa, pero no en todos los casos y con ciertas restricciones. Por esos conflictos y por la guerra contra el narcotráfico vivimos una epidemia de acoso contra defensores y periodistas frente a la cual el Estado mexicano muestra su impotencia y desinterés.
¿Cómo frenar una sangría que debilita el funcionamiento de nuestra democracia? La situación mejoraría si funcionaran adecuadamente los organismos públicos de derechos humanos (uno de los sistemas más grandes e ineficaces del mundo). Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría hacer mucho más, lo que depende de que ahora sí funcione la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida en esta legislatura por la perredista Angélica de la Peña.
En otras palabras, ya existen las instituciones que mediarían conflictos y evitarían asesinatos tan absurdos como el de Ismael y Manuela. Depende del Senado que cumplan.
La miscelánea
Después de publicada la columna de la semana pasada ("Patio trasero") recibí información sobre la firmeza con la cual el embajador Arturo Sarukhán ha enfrentado públicamente el ofensivo contrabando de armas a México. Desafortunadamente es un caso aislado. Su ejemplo no fue seguido ni por la Cancillería ni por Los Pinos.
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Colaboró Paulina Arriaga Carrasco
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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