17 días después de tomar posesión de la silla del águila, Peña Nieto le entró al tema del combate a la inseguridad. En el mismo tenor que ha utilizado para entrarle a otros temas, con muchas palabras, buenos deseos, promesas, compromisos, acciones a mediano o largo plazo y bla, bla, bla.
El gobierno de Enrique Peña ciertamente se está enmarcando en lo que han sido las administraciones públicas federales priístas. Aquella, por ejemplo, de Miguel de la Madrid con la renovación moral de México, la de Carlos Salinas y su gobierno del pacto, el arriba y delante de Luis Echeverría y sus comisiones para el tercer mundo, y sin dejar de lado el populismo lopezportillista con la solución somos todos. Peña ya firmó su pacto por México.
De la mano de la conveniencia política de los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRD, el Presidente recibió su espaldarazo político y su carta blanca para hacer en aras del pacto por México, lo que mejor le parezca. La realidad es que el naciente gobierno de Peña Nieto se ha quedado más en las palabras que en las acciones.
Ahí está la recién presentada estrategia para el combate a la seguridad, un discurso repleto de buenos deseos –que no sólo el Presidente tiene sino la mayoría de los mexicanos– pero pocas, muy pocas acciones reales, contundentes, que nos den una esperanza de que el entorno de violencia cambie. Acaso se centra más en decir lo que todos quieren escuchar que en comprometer lo que pocos pueden hacer.
La realidad es que la estrategia peñista para el combate al crimen organizado no tiene novedades. Salvo la no clara creación de la Gendarmería Nacional, pues no aclaró si los 10 mil elementos serán quienes ahora integran la Policía Federal, o si acaso la Secretaría de Gobernación tendrá dos corporaciones policíacas bajo sus órdenes –la Policía Federal y la Gendarmería Nacional–, no hay nada nuevo más allá del discurso en la propuesta del Presidente.
El inicio de su perorata, “…hay que transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una auténtica política de Estado de corresponsabilidad entre Poderes y órdenes de gobierno ajena a intereses de partido”, no es más que retórica de un mismo discurso. Cambiar el nombre, transformar las siglas, mover el entorno, no es sinónimo de cambio, de hecho en algunos casos –como regresar la Policía a Gobernación– se entiende como retroceso.
El lunes 17 de diciembre de 2012, durante la II Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, finalmente Peña dio a conocer su plan para combatir la criminalidad, la violencia y el narcotráfico en México que durante los últimos seis años nos llevó a la cifra de más de 80 mil ejecuciones, al crecimiento de 33 organizaciones criminales, el secuestro y la extorción de cientos, de miles de mexicanos.
Recuperar la calle, los municipios y las zonas hoy en poder de los cárteles de la droga no es un asunto fácil ni se soluciona con palabrería. Las organizaciones criminales se han desarrollado debido a la impunidad que el estado mexicano les ha proveído, y de eso por el momento, el Presidente no ha dicho palabra, más allá de las declaraciones del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de limpiar la corporación, fomentar la investigación y erradicar vicios como los larguísimos arraigos, producto de la falta de investigación ministerial.
El lunes 17, Peña habló de seis líneas de acción. Planeación la primera, prevención la segunda y en secuencia: protección y respeto a los derechos humanos; coordinación, transformación institucional, evaluación y retroalimentación. Nada pues nuevo en el tintero. Tan las cosas continuarán, por lo menos al mediano y al largo plazo, como están, que refrendó, ponderó y felicitó la participación del Ejército Mexicano y la Armada en el combate al crimen organizado; al igual que en el calderonato, Peña refirió que la operatividad de las fuerzas armadas mexicanas continuará hasta en tanto no se modifique la estructura de las corporaciones civiles y estas sean depuradas para estar en condiciones aptas de perseguir a aquellos que delinquen en lugar de protegerlos como hasta ahora sucede.
Lea los objetivos de la puesta en marcha de esos seis ejes en el primero de ellos que es la planeación: “reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones…”. ¿No es acaso lo que todos queremos? ¿No es lo que deseaba Calderón? La manera de abordar el tema por parte de Peña es tan simplista que uno pudiera pensar que está reaccionando a un libreto y no a una verdadera conciencia y sensibilidad sobre el fenómeno criminal en México que vaya, el mismo día 17 de diciembre, cobró la vida de cuatro maestras en Chihuahua; asunto que valga resaltarlo no ha sido propiamente investigado ni en el ámbito de la procuración de justicia, ni en el esquema periodístico.
La prevención. Aquí Enrique Peña refiere programas asistenciales para mejorar el entorno de los mexicanos, infraestructura, oportunidad, desarrollo, trabajo. Millones de pesos, poco más de 115 y un fondo con dos mil 500 millones de pesos para preparar y formar a la población en un entorno amigable hacia los valores cívicos. Además –obvio– la creación de una Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito.
En el tercer punto, otra estructura: un Programa Nacional de Derechos Humanos para las áreas de gobierno, así como protocolos de actuación. Lo demás, asegurar, fortalecer, respetar, promover, proyectar, presentar, y demás verbos en infinito. Nada nuevo pues. Revisar que los fondos estén entregados, establecer sistema de coordinación, lograr mayor eficiencia, garantizar un México de paz y tranquilidad. Frases hechas sacadas del manual de discursos políticos.
Creación de quince unidades de la Policía Federal para combatir secuestro y extorción; la procuraduría participará “en los operativos federales para integrar, de mejor manera, las investigaciones correspondientes a las averiguaciones previas”. ¡Esa es su función y obligación!
El discurso de Peña en materia de combate a la inseguridad pues, fue eso, palabrería políticamente correcta para –en su pacto por México– hacer sentir a gobernadores, alcaldes, fuerzas armadas, parte de y no competencia de; acción esta que no sirve para encarcelar narcos, investigar estructuras financieras ilícitas, identificar rutas de droga, de secuestro y extorsión.
A 18 días del inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, le va faltando más acción, más determinación y valentía, y le va sobrando discurso. Mucho bla, bla, bla con más de lo mismo.
– 18 de diciembre de 2012
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