Al delinear la nueva política de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto dijo y repitió que las otras autoridades deben cumplir, no competir. Queda claro que con esa frase el mexiquense dio un rayón a la costumbre del sexenio calderonista, tiempo en el que privaron los conflictos y la desconfianza entre la Marina, la PGR, la Sedena y la casi extinta Secretaría de Seguridad Pública. Pero el mensaje también fue para los gobernadores, tan veleidosos a la hora de secundar al anterior gobierno, en parte por falta de pericia del ex presidente, sin duda, pero también como una tendencia que tienen las autoridades locales a ocultar la gravedad de los problemas y con ello intentar el evadir la responsabilidad.
Se espera mucho del nuevo gobierno en el tema de la Seguridad Pública. Peña Nieto regionalizará la lucha y pondrá metas concretas que todas las autoridades han de cumplir. Esto último será interesante verlo, ya que en el pasado inmediato una de las cosas que más tardaron en entender los mandatarios estatales era que el desafío de los criminales era mucho más complejo que el simplismo de creer que lo que padecíamos se trataba solo de “la guerra de Calderón”, como si la operación de las bandas delincuenciales no representara un reto para todos los niveles de autoridad.
El involucramiento de los gobernadores en la estrategia enfrentará retos muy diversos. Salvo casos excepcionales, no hay incentivos para que una autoridad coopere con las otras. Al contrario, siempre hay una vocación por no ceder control, por no dejar que otros auditen o revisen. Hace no mucho un ex gobernador contaba que en medio de un desastre natural por el desborde de ríos, un secretario de Desarrollo Social le exigía intercambiar el padrón de beneficiarios de programas sociales. “Recibimos listados que no tenían sentido, pero no importó, nosotros le dimos la lista de nombres de la sección blanca del directorio telefónico”, me dijo el ex mandatario. Otro ejemplo: durante la crisis de la influenza AH1N1, autoridades federales contaban en corto que a pesar de la gravedad de la situación fue muy difícil convencer a los gobiernos de los estados para que reportaran puntualmente los casos de personas que presentaban el cuadro de síntomas del mal que luego se hizo famoso. Los gobernadores no están acostumbrados a dejar que el gobierno federal se meta en su territorio. Y menos cuando tienen que reconocer atrasos o deficiencias.
Y ya en el tema de la inseguridad, en este año La Laguna, región que comparten Durango y Coahuila, rebasó ya los 995 homicidios que tuvo el año pasado. Y tan solo en lo que va del mes, es decir, del nuevo sexenio, se contabiliza más de medio centenar de asesinatos. ¿Saben cuántas veces en 2012 han aparecido juntos los mandatarios de esos estados para decir que están coordinados y que se comprometen a cambiar las cosas? Al menos en cinco ocasiones han dado de manera conjunta esas declaraciones. Habrá que ver qué será distinto para que ahora una coordinación regional trazada desde el centro del país haga que la paz regrese a esa zona, que en inseguridad podría representar el primer gran desafío del sexenio de Peña Nieto.
Otro de los problemas de la nueva estrategia es el de la desconfianza. Un estado que se ha aplicado y tiene a casi toda su policía certificada ¿con qué confianza pasará información a las autoridades de una entidad estatal cuyos cuerpos policíacos pueden seguir en la nómina de uno o varios cárteles?
Finalmente, ojalá luego haya tiempo para que el señor gobernador César Duarte, que habló a nombre de sus colegas, explique con detalle qué quiso decir con eso de la necesidad de salir de “la agenda mediática de la violencia”. Vastas regiones del país, esas que precisamente se busca rescatar del acoso criminal, padecen la desinformación que han impuesto los delincuentes al asesinar periodistas, amenazar a otros, incendiar redacciones y disparar contra los edificios de los medios de comunicación. Solo por si hiciera falta recordarlo: los medios no creamos la inseguridad, cuando mucho reflejamos algo –ni siquiera todo– de lo que está pasando. Las comunidades necesitan ser escuchadas en su reclamo. Y a veces la única esperanza que queda a las víctimas es que su clamor aparezca en la prensa. Dejar de cubrir la violencia, y más aún, de dar voz a las víctimas, no es parte de la nueva estrategia, ¿o sí lo es, señor gobernador?
Los mandatarios estatales tienen nueva tarea. Ya no podrán decir que la guerra no es con ellos porque es “un invento de Calderón para legitimarse”. Ahora recuperar la paz es su responsabilidad también. Aunque ya antes se habían comprometido, la diferencia es que desde el arranque mismo del gobierno federal la nueva estrategia los obliga a dar resultados. Un buen signo, sin duda. Veremos si las palabras se traducen en hechos, pero es alentador saber que ya no escucharemos aquello de que los culpables de la violencia son los estados vecinos, o que el efecto cucaracha es el que provoca las olas de violencia, o que para qué le pegaron al avispero si todo estaba tan tranquilo… y cuanta excusa imaginable se inventaron los señores gobernadores en los años recientes.
– 18 de diciembre de 2012
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/18-12-2012/11433. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.