Al igual que en años anteriores y pese a que se pretendió justificar el primer paquete económico enviado por Peña Nieto al Congreso, como un paquete inercial debido a la transición de gobierno, las medidas planteadas en éste no son sino la continuidad de la política económica instrumentada en las tres últimas décadas que han propiciado la desmedida concentración del ingreso y la desigualdad social, con el agravante del pago inmediato de los favores recibidos en la campaña electoral.
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son instrumentos fundamentales para identificar el perfil y las prioridades de todo gobierno, ya que permiten identificar a quiénes se les cobran los impuestos y quiénes son los destinatarios del gasto.
Dos rasgos caracterizan la Ley de Ingresos aprobada la semana pasada: la simulación y el daño al erario.
La simulación: con bombo y platillo se anunció que el ejercicio 2013 tendría un "déficit fiscal cero", cuando en realidad el déficit puede alcanzar un 2.4% del PIB, ya que bajo una operación de contabilidad gubernamental, llamada eufemísticamente "Requerimientos financieros para el sector público", no se considera el endeudamiento para financiar la inversión en Pemex, que en sí misma representa el 2% del PIB, ni la deuda derivada del rescate bancario (IPAB) o los Pidiriegas de CFE, entre otros conceptos.
Lo mismo sucede con el recorte de 5 mil millones de pesos para la investigación y desarrollo tecnológico de Pemex que, bajo el argumento de que la paraestatal no ha ejercido estos recursos, aun cuando tiene 45 proyectos y la formación de investigadores en proceso, se transfieren al ramo 38 de Conacyt para simular el cumplimiento de un compromiso electoral en el sentido de que se están acercando al 1% del PIB los recursos destinados a ciencia y tecnología.
El daño: de la misma forma que la letra chiquita de los contratos, el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos constituye un grave perjuicio al erario. En éste se condonan total o parcialmente los créditos fiscales administrados por el SAT, las cuotas compensatorias y las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales, tanto las causadas antes de 2007, las que se acreditaron entre 2009 y 2011, así como las multas que se hayan causado entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.
Ello significa un verdadero asalto al erario, pues, de acuerdo con las estimaciones al alcance, el fisco dejará de percibir 700 mil millones de pesos, a lo que se suman los recursos que se dejan de recaudar por la vía de los privilegios fiscales --cuyos beneficiarios se encuentran en el anonimato--, que permiten la evasión, la consolidación fiscal y la devolución de impuestos, cuyo monto ronda los 600 mil millones de pesos, mermas al erario que se pretenden compensar con la disminución del subsidio a la gasolina, el gasolinazo, que en 2013 alcanzará un nivel superior a los 200 mil millones de pesos.
Con ello, nuestro país continuará siendo uno con los ingresos tributarios más bajos del mundo, resultado de la prevalencia de regímenes de excepción, donde no se gravan las operaciones bursátiles, donde se evade cobrar y se condonan impuestos a quien más ingresos tiene, haciendo asumir la carga tributaria al causante cautivo, al de menores ingresos, posponiendo una reforma hacendaria que, regida por los principios de universalidad y progresividad, eficiente la recaudación, elimine los privilegios y la elusión fiscal de los grandes contribuyentes, y garantice la cobertura social y el federalismo que reclaman la desigualdad y la falta de desarrollo regional en el país.
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