¿Cómo interpretar las intensas jornadas que vivimos?, ¿se trata del parteaguas tan esperado o estamos ante otro fuego fatuo?
El sólido discurso pronunciado el sábado por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México firmado por los principales partidos es celebrado por algunos como si ya estuviéramos disfrutando las mieles de transformaciones beneficiosas para las mayorías. El tono más común es el de la objetividad y la mesura, el de elogiar la retórica mientras se procede a contrastarla con los hechos. El tono refleja con fidelidad el estado de al menos la mitad de la sociedad.
El domingo 2 de diciembre Reforma publicó dos sondeos sobre la confianza que inspira Enrique Peña Nieto. El primero es una encuesta nacional de vivienda levantada entre el 23 y el 25 de noviembre: 48 por ciento de la población le tiene "poca o nada" de confianza a EPN, mientras que 47 por ciento piensa diferente. En otra sección del mismo diario aparece una encuesta nacional telefónica (menos precisa que la hecha en viviendas) después de la toma de posesión y los discursos. En su primer día EPN despertaba confianza en 57 por ciento de la población pero 35 por ciento seguía atrincherado en la duda.
En esta entrega reviso las partes del discurso y del Pacto dedicadas a los costos sociales de la violencia, que es el punto más debatido de la herencia calderonista. Aunque el debate seguirá por algún tiempo y algún día tal vez llegue a justificarse su estrategia para combatir al crimen organizado; será difícil que se le condone el menosprecio hacia la tragedia humanitaria.
Los desaparecidos son una de las peores violaciones a los derechos humanos, porque además de castigar al directamente afectado se condena a su familia a vivir con la incertidumbre sobre lo sucedido al ser querido; se impide el duelo porque falta la lápida y se vive agobiado por la indefención confirmada por la incapacidad judicial para establecer verdades y penalizar responsables.
No estamos ante incidentes aislados. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la cifra del sexenio llega a 24 mil 091 desaparecidos. Para que el lector dimensione la magnitud de la cantidad, en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile desparecieron unas 3 mil personas y durante la Guerra Sucia mexicana se estiman en mil quinientas las personas afectadas.
El 29 de noviembre apareció en el Washington Post un reportaje de William Booth que además de refrendar la cifra de la CNDH revela que el Gobierno de Calderón ocultó deliberadamente la información sobre el costo social. La Procuraduría General de la República elaboró una lista de más de 25 mil personas desaparecidas. El documento fue entregado al periodista estadounidense por "funcionarios gubernamentales frustrados por [...] la falta de transparencia oficial y el fracaso de las dependencias [encargadas] de investigar los casos".
Ningún vocero gubernamental quiso comentar el asunto con el periodista del Washington Post con lo cual replicaban el patrón de insensibilidad establecido por Calderón quien a la hora de los balances y despedidas ignoró totalmente el tema. En sus últimos discursos no dedicó una palabra de pésame o simpatía hacia las víctimas. Fue la norma del sexenio. Si se revisan las estimaciones sobre ejecutados, desaparecidos, desplazados o secuestrados llama la atención la ausencia de cifras elaboradas en dependencias del Ejecutivo (véase tabla en www.sergioaguayo.org).
Me detuve en tantos detalles para fundamentar el beneplácito que causara en los interesados en este tema el anuncio de EPN de que su gobierno estará del "lado de las víctimas y de sus familiares", y que se desistiría de la "controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, para que, una vez que se acuerde por la Suprema Corte, se publique tal como fue aprobada por el Congreso". Es por ello que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, calificara inmediatamente esta decisión como una "buena noticia" y como un "triunfo de las víctimas".
Hasta hoy es imposible asegurar que estamos ante un parteaguas. Discurso y Pacto son como la luz de Luna que ilumina con un resplandor prestado. Sólo los hechos darán a esta parte del ejercicio gubernamental un brillo propio. En otras palabras, es saludable mantener un sano escepticismo: que cuando cumplan disfruten de los aplausos.
La miscelánea
Imposible ignorar la violencia que brotó en varias ciudades el 1 de diciembre. En la capital se acumulan los indicios de que tras los actos vandálicos estuvo una provocación orquestada que está siendo aprovechada por algunos sectores para demonizar a quienes ejercen el legítimo derecho de protestar e inconformarse de manera pacífica. Los gobiernos federal y capitalino tienen la obligación de explicar qué sucedió y justificar con evidencia sólida las consignaciones de quienes están ahora en prisión. Es posible que en algunos casos se esté castigando a inocentes.
Comentarios: www.sergioaguayo.org;
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Colaboró Paulina Arriaga Carrasco
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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