MÉXICO, D.F. (Proceso).- Seguramente la propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto logrará los votos suficientes para su aprobación, tanto en el Congreso de la Unión como en los estados, aunque es difícil saber qué modificaciones sufrirá y en qué sentido, es decir, si éstas conducen a limitar más la participación privada en los ámbitos en los que hoy se está impulsando la total apertura (refinación, oleoductos, gasoductos, petroquímica básica, electricidad) o, al contrario, a ampliarla en la exploración y extracción (incluyendo las concesiones o los contratos de producción compartida –aunque esto último parece muy remoto porque particularmente en este punto los voceros del gobierno han defendido enfáticamente su postura en contra).
Más difícil todavía es saber el impacto que la reforma tendrá sobre la reactivación de la economía mexicana, pues todo indica que la iniciativa no logró recuperar el llamado Mexican Momentum (abreviado como Memo), lo cual era fundamental para catapultar el crecimiento del PIB, la generación de empleos y el impulso a la inversión extranjera directa.
El regreso del PRI a la Presidencia; el anuncio del Pacto por México; las reformas en materia laboral, educativa y de telecomunicaciones, particularmente, y la detención de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo habían creado todo un ambiente favorable para la economía mexicana, y comentaristas y estudiosos (nacionales e internacionales) se mostraban optimistas. Sin embargo, las dificultades que surgieron a raíz de las elecciones estatales de julio pasado, y los condicionamientos de la oposición para realizar reformas político-electorales antes de discutir las propuestas en materia financiera, energética y hacendaria, empezaron a nublar el panorama.
Y hoy todo indica que la propuesta de Peña Nieto, que para efectos de los inversionistas nacionales e internacionales parece demasiado tímida, acabó por debilitar las expectativas y, por lo tanto, los impactos sobre la economía mexicana pueden ser menores a los esperados y prometidos por el gobierno.
Aunque ciertamente hay otros factores nacionales e internacionales que contribuyen a ello, desde la presentación de la iniciativa (el lunes 12 de agosto) el índice de la Bolsa Mexicana de Valores perdió (hasta el miércoles 21) 2.8%, y el valor del peso frente al dólar se depreció en 5%, cuando se preveía que el solo anuncio de la propuesta revitalizaría los mercados financieros.
Por si esto fuera poco, el martes 20 de agosto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tuvo más opción que revisar a la baja su expectativa de crecimiento para este año a 1.8% (casi la mitad del 3.5% que se anunció en diciembre de 2012), lo que colocó a México con el pronóstico de crecimiento más bajo de las ocho economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y México).
Las explicaciones más claras de por qué la iniciativa presidencial no logró el impacto deseado entre la comunidad internacional de negocios probablemente las expuso The Economist: señaló que la propuesta de compartir utilidades (no la producción misma) decepcionó a las compañías petroleras, porque no pueden reflejarlas en sus estados financieros como reservas dentro de sus activos, lo que sí pueden hacer en las concesiones o la producción compartida.
Al analizar la decisión del gobierno de discutir primero la reforma constitucional y dejar para un segundo momento las legales, dicho medio de comunicación destacó que las compañías petroleras quemadas previamente en países como Venezuela no se arriesgarán si perciben desaseos legales o políticos, y, citando a Juan Carlos Boué, del Instituto de Estudios sobre Energía de Oxford, adelantó: “Las compañías serán suficientemente racionales diciendo: ‘no pondremos un centavo hasta que sepamos que tenemos un contrato indisputable’”.
Y en palabras de George Baker, analista especializado en la energía mexicana basado en Houston, añadió: “Con el andamiaje institucional óptimo, tendrán que pasar dos o tres años antes de que las grandes compañías petroleras estén en condiciones de evaluar una oportunidad comercial”. Por cierto que la propuesta de Peña Nieto no construirá precisamente esa institucionalidad ideal para las compañías petroleras.
Sin duda, Peña Nieto tenía márgenes de maniobra estrechos para elaborar su propuesta de reforma energética. Los límites estaban impuestos por el desmantelamiento de Pemex, en marcha al menos desde el sexenio que encabezó Miguel de la Madrid; el acendrado nacionalismo mexicano, en el que la propiedad estatal del petróleo es uno de los últimos bastiones; las malas (quizá pésimas) experiencias de la población mexicana con las privatizaciones; la codicia y altas expectativas de las trasnacionales, y la revolución energética internacional (Proceso 1919), de la que México está del todo ausente porque la debilidad financiera de Pemex le impidió mantener el paso en los avances tecnológicos.
Por si estas limitantes no fueran suficientes, hay otra realidad innegable (aunque muy molesta para la clase política): la debilidad del Estado mexicano, que explica meridianamente por qué las privatizaciones son un fracaso y casi un atentado en contra de los consumidores, ante la incapacidad de los gobiernos de establecer límites a las acciones de los grandes corporativos nacionales y/o trasnacionales.
Por otra parte, si el análisis se realiza desde el punto de vista de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, los límites de Peña Nieto se ampliaban, pero no necesariamente su margen de maniobra en términos del Pacto por México, al que parece aferrarse, mientras que el PRD y el naciente partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emprendían “la defensa del petróleo mexicano” encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.
En estas condiciones, Peña Nieto optó por atender parcialmente todas las condicionantes, lo cual obviamente no dejó satisfechos a ninguno de los actores. Así, propone el refortalecimiento de Pemex modificando su régimen fiscal y corporativo; regresar al texto inicial de la Constitución y utilizar (por no decir manipular) la figura de Lázaro Cárdenas; promete que bajarán los precios de la energía (luz y gas) a partir del 2014; y plantea los llamados contratos de utilidad compartida en la exploración y extracción de los hidrocarburos, las concesiones a particulares (nacionales y extranjeros) en refinación, transportación y petroquímica básica, y la entrega de la energía eléctrica a los particulares.
Aunque no reconoce explícitamente la debilidad del Estado mexicano, opta por los contratos de utilidad compartida en la exploración y extracción de petróleo porque es la única forma en la que el Estado puede mantener control del subsuelo, dado que en las concesiones o los contratos de producción compartida serían las compañías trasnacionales las operadoras y, por lo tanto, éstas impondrían sus condiciones.
Y, en lo político, decide acercarse al PAN con una apertura a medias, porque sabe que de cualquier manera cuenta con los votos de los legisladores blanquiazules, ya que la modificación constitucional va en la dirección que ellos proponen; y aunque sabe que la izquierda se mantendrá en pie de guerra, tomará aspectos de su propuesta para el fortalecimiento de Pemex.
El problema está en que la reforma energética es la principal apuesta del actual gobierno para reactivar la economía, y, a juzgar por las reacciones de los mercados financieros y cambiarios, los posicionamientos de los medios de comunicación más vinculados a los inversionistas internacionales (The Economist, Wall Street Journal, Washington Post, entre otros) y las demandas de la Coparmex (Proceso 1920), la propuesta presidencial está muy lejos de entusiasmarlos.
Nuevamente aparece esa gran distancia entre las enormes expectativas y los magros resultados. Lo cierto es que a ocho meses de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto (apenas la novena parte de su mandato) ya hay sectores de la población mexicana que expresan abiertamente su frustración y revisan a la baja sus expectativas. Y la propuesta de reforma energética contribuyó a eso, pues la indecisión del presidente y su afán de quedar bien con todos lo llevaron a no satisfacer a nadie y a archivar la llamada reforma transformadora que había anunciado.
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=351408
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