En otras palabras, la reforma del gobierno no está tratando de sanear a Pemex, infestada de corrupción e ineficiencia, sino de hacerla a un lado. La mejor muestra es que los “contratos de utilidad compartida”, como se ha llamado a la figura jurídica para incorporar a la iniciativa privada, no serán firmados por la paraestatal, sino por la Secretaría de Energía.
En la estrategia seguida por Peña Nieto hay dos implicaciones. Primero, se renuncia realmente a la posibilidad de fincar el desarrollo de la industria petrolera a partir del propio Estado por vía de Pemex. Como un entrenador que observa su plantilla de jugadores, se da la media vuelta y se va a buscar a otros. Asume que no vale la pena intentar entrenarlos, mejorarlos, hacerlos competitivos.
Es evidente que Pemex como empresa carecía de la calidad para competir en esas ligas mayores que son la exploración y la perforación en aguas profundas. Pero no porque el mexicano sea congénitamente incapaz, ni porque la décimo primera economía del mundo carezca de los recursos para sustentar su desarrollo petrolero.
Pemex es incapaz porque ha sido ordeñada masivamente en lo financiero y tampoco ha podido tener una estructura sana y productiva por la corrupción política de un sindicato que opera bajo criterios de lealtad mafiosa y no de eficiencia. Como a un equipo de futbol al que cada año le quitasen la mitad de sus jugadores, los mejores, y los restantes jugasen amañados por masajistas e instructores.
La segunda implicación es que Peña Nieto está desestimando el peso que tendría la izquierda radical y el nacionalismo popular para oponerse a su proyecto. No en el Congreso, porque ese ya lo tiene ganado, sino en la calle. Ciertamente que en la narrativa utilizada para presentar su proyecto se hicieron hartas caravanas dirigidas a esa tribuna: que el petróleo seguiría siendo de los mexicanos, docenas de menciones a Lázaro Cárdenas, la adopción de esa figura etérea de “utilidad compartida” para no mencionar concesiones, etcétera.
Está claro que todos esos guiños estaban dirigidos a atenuar el embate de López Obrador. O, mejor dicho, a quitarle argumentos al tabasqueño con los cuales pudiera incendiar la pradera. Pero yo no tengo duda de que el gobierno decidió ir a fondo en materia de apertura, a pesar de lenguaje conciliador y prudente. Su anteproyecto es deliberadamente superficial, blando y ambiguo, pero deja todo el terreno preparado para diseñar reglamentos de aplicación más ambiciosos y radicales una vez que sea modificada la constitución; una vez que el tema salga de los escenarios expuestos e iluminados que representa el cambio constitucional.
¿Se equivoca el gobierno en sus dos premisas? (incorporar a la IP como solución a la crisis energética y desestimar el efecto desestabilizador de la oposición?). Yo no tengo nada en contra de nacionalizar a un jugador extranjero y que este participe en el equipo nacional. Pero hacerlo como estrategia fundamental para convertirnos en equipo ganador me parece que terminaría por empobrecer las posibilidades de crecimiento del jugador nacional. Me habría gustado más una estrategia que invirtiera los términos. Un proyecto radical para sanear a Pemex: dejar de sangrarlo para permitir la reinversión, erradicar la corrupción, introducir criterios de eficiencia y organización. En fin, hacerlo competitivo, en lugar de renunciar a él, como en el fondo se está haciendo. Y entonces y sólo entonces, recurrir a los contratos complementarios con la IP para apuntalar los huecos. De la misma manera en que alguna vez se recurrió a Sinha, el brasileño mexicano del Toluca para subsanar una carencia en el medio campo del tricolor. ¿Que es difícil sanear a Pemex? Sin duda. Pero el sentido común indica que si lo que está mal es Pemex, por allí tendríamos que comenzar, ¿o no?
Por otro lado, imposible saber en este momento si el gobierno desestimó el potencial de protestas de parte de MORENA. Sin duda ha hecho todo lo posible para dejarlo sin combustible. Ha cortejado a Miguel Ángel Mancera para evitar que las estructuras formales del gobierno de la Ciudad apoyen a la movilización del 8 de septiembre de López Obrador; ha negociado con el PRD hasta lograr que el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas acepte a la IP a cambio de no modificar la constitución. Ha lanzado una campaña mediática impresionante para convencer a la opinión pública de que Pemex seguirá siendo de los mexicanos (el petróleo, quien sabe). La propia división de la izquierda ofrece una coyuntura favorable al gobierno.
Tomará algunas semanas saber si el gobierno ganará o no esta partida sin mayores contratiempos. 30 mil personas en la marcha del 8 de septiembre constituirán un triunfo contundente para Peña Nieto; 300 mil podría ser el inicio de una pesadilla. Lo sabremos pronto.
@jorgezepedap
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