El que acusa sustenta con pruebas sus dichos… y así se debe proceder legal y éticamente, pero no en México.
Los funcionarios y gobernantes deben ser los primeros en respetar la ley porque a eso se obligan al tomar sus cargos… pues sí, pero en México eso no pasa.
Al contrario, en este último caso la negociación política supera cualquier legislación, reglamento o proceso legal.
Así fue al menos en el caso del ex Gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien desde el 7 de junio de 2011 fue arrestado en el Penal del Amate, en esa entidad, para luego, desde el 28 de septiembre de 2012, permanecer bajo arresto domiciliario en un casa del municipio de San Fernando, Chiapas.
Salazar Mendiguchía fue acusado por la administración del entonces Gobernador Juan Sabines Guerrero por los supuestos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, asociación delictuosa, peculado e incluso homicidio en grado de omisión.
El 16 de noviembre de 2012, Pablo Salazar obtuvo su libertad, tras 526 días de prisión. La razón, dijo entonces, fue que las autoridades judiciales no comprobaron ninguno de los 11 procesos penales que enfrentó.
Sin embargo, ayer, el ex mandatario de Chiapas confesó cuál fue la verdadera razón por la que salió libre: negoció su liberación directamente con Sabines Guerrero, ahora desaparecido del mapa y también señalado como responsable de heredar a los chiapanecos una multimillonaria e inexplicable deuda estatal.
La única condición que le pidió el ex Gobernador Juan Sabines para sacarlo de la cárcel “fue que no procediera en su contra”. Para colmo, en esa negociación participó, como testigo, Pedro Joaquín Coldwell, quien fungía entonces como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora ostenta el cargo de titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Sí, como lo oye: la justicia –o la injusticia, vaya usted a saber porque el proceso legal no se concretó–, se traficó en lo oscurito.
“Que tu papá me diga a los ojos que no me va a demandar, pero también necesito que, de su puño y letra, de tu padre, que me diga que no me va a demandar”, le habría dicho Juan Sabines a Pablo Salazar López, hijo de Salazar Mendiguchía.
Pero, además, para que quedara consignado no en un papel sino en presencia de un poderoso, el priista Joaquín Coldwell atestiguó el acuerdo y la palabra de ambos ex mandatarios que, a la vista, está muy lejos de ser de honor.
Así la cosa, y así el tamaño del descaro.
Con estos ejemplos, los ciudadanos estamos muy lejos de creerle a los políticos sus promesas de que la ley en México se aplica a todos por igual.
En marzo pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó en Palacio Nacional: “La máxima prioridad del gobierno de la República es convertir a México en una sociedad de derechos; es decir, que todos los derechos previstos en la Constitución sean una realidad para todos los mexicanos”.
Pero con estas chicanadas, practicadas seguramente a diario por políticos mexicanos a todos los niveles, ¿quién le va a creer?
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