Al gobierno de Peña Nieto se le están complicando las cosas y el tiempo apremia. Los 120 días para la transformación de México no parecen estar disponibles ni ser suficientes ni contar con los amarres para sacar una agenda tan abultada y compleja como la que se ha planteado para este periodo de sesiones.
Gobierno y legisladores tienen frente a sí la glosa del Informe, la conclusión de la reforma financiera, la de transparencia, la de responsabilidad financiera de los estados y la de procedimientos penales, entre otras. El gobierno quiere que se discuta y se voten las reformas energética y hacendaria y el PAN-PRD, la político-electoral. Por si fuera poco, tienen que aprobar “obligatoriamente” la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, la Cuenta Pública de 2011 y las leyes secundarias en telecomunicaciones, cuyo plazo vence en diciembre. Adicionalmente tienen que nombrar cinco consejeros electorales, siete comisionados del nuevo IFAI y siete de la Comisión Nacional de Atención a las Víctimas. Esto, sin contar las muchas otras iniciativas que se han quedado en el camino.
Con tantos asuntos controvertidos, la supervivencia del Pacto no luce bien. Peor aún, los procesos de sucesión de las dirigencias del PAN y el PRD están programados para este fin de año y uno de los temas de mayor conflicto será el de su permanencia en el Pacto. Cuando llegue el momento de los relevos, seguramente los candidatos preferirán renunciar al Pacto antes que poner en riesgo sus aspiraciones políticas.
En estas mismas páginas de Excélsior, el domingo pasado seis integrantes representativos del PRD expusieron con claridad sus posiciones. Tres están por matar al Pacto y consideran, en boca del senador Encinas, que ha sido un error pasar de ser “el partido del no al partido del sí... señor Presidente” y que lo que ha hecho el Pacto es empujar reformas que profundizan un modelo neoliberal y privatizador. Los otros tres están a favor y consideran que salirse del Pacto sería un error pues sería marginarse de la posibilidad de influir en el diseño de las políticas públicas. Sostienen, en palabras del diputado Belaunzarán, que los partidos deben ser un factor de cambio incluso cuando están en la oposición y que por medio de la agenda del Pacto el PRD le ha dado un color de izquierda a muchas de las reformas.
La situación del PAN no es muy distinta. En este partido también están los que juzgan que el Pacto lo único que ha hecho es desdibujar al PAN ideológica y programáticamente y que la dirigencia actual lo ha defendido a cambio del apoyo que el gobierno le ha brindado para sostenerse.
No puede adelantarse si el Pacto sobrevivirá a las reformas energética y fiscal y a las sucesiones en los dos partidos que le dan sustento, pero un instrumento que fue concebido como un plan sexenal no parece tener oportunidad de sobrevivir más allá de un año cuando comience el periodo electoral rumbo a las elecciones intermedias.
Pero las dificultades para Peña Nieto no acaban con el Pacto. Los empresarios también parecen desencantados y dispuestos a combatir al menos parte de la agenda reformista del Presidente.
La iniciativa de reforma hacendaria ha provocado irritación entre los empresarios por no haber sido consultados sobre los detalles, decepción por no haber incluido el IVA generalizado y preocupación por la eliminación de algunos privilegios y el aumento de la carga fiscal. No es la primera confrontación en el todavía joven sexenio. El primer encontronazo se dio por la reforma que les quitó a las empresas concesionarias el derecho a la suspensión provisional en caso de amparo. El segundo vino por la pretensión del gobierno de homologar la información salarial que los empresarios entregan al IMSS y al SAT. El tercero se debe a la contención del gasto público que tiene paradas o trabajando a medias a muchas empresas en un país en el que muchas de las cadenas productivas dependen del gasto gubernamental.
Los empresarios no han amenazado públicamente con medidas de represalia, pero han manifestado abiertamente su desaprobación, y el apoyo que el gobierno necesita en términos de inversión podría verse lastimado.
Las clases medias tampoco están complacidas. La intención de gravar más a los causantes cautivos y eliminar la exención de impuestos en los bienes y servicios que consumen los estratos medios, restará apoyo al gobierno. Y de las clases menos favorecidas, ni hablar. Los programas populares todavía no les llegan, la promesa de mayor gasto social no pasa de ser una promesa, el desempleo crece y los salarios están estancados.
En política, el momento mexicano parece estar esfumándose. El gobierno corre el peligro de alienar el soporte de todos estos sectores. El gran acuerdo político con los partidos de oposición que marcó el inicio del sexenio se está apagando y la apuesta por la política de la unanimidad se hace insostenible. El apoyo de los empresarios y las clases medias está en riesgo. La aprobación entre la ciudadanía no avanza. Sin ellos no es posible “un Estado eficaz para una democracia de resultados”.
*Investigador del CIDE
Twitter @amparocasar
Leído en http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2013/09/25/920269
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