“La desestabilización no es un proceso único: se trata de una serie de acontecimientos extraordinarios, no habituales, que se suceden en un lapso muy corto de tiempo y que configuran, en conjunto, una crisis. La diferencia está en saber si esos acontecimientos son realmente extraordinarios o si están marcados por una intención política o económica… esos hechos fueron sobre todo políticos y en muchos casos relacionados con la violencia y a través de ellos se justifica el deterioro financiero… por su propio carácter no podemos pensar en un proceso desestabilizador que tenga un centro o un actor único que mueve los hilos del país en su beneficio… se trata de movimientos que responden a distintos indicadores, sectores, intereses y grupos y que se retroalimentan recíprocamente. Lo que los convierte en un movimiento desestabilizador es que tienen un objetivo en común, aunque diverjan en muchos otros… el objetivo político principal de la desestabilización es que la presión social no se dirija hacia el cambio sino hacia la restauración.”
Esto lo escribíamos en la introducción del libroDesestabilización (Rayuela editores, 1995), para dar un marco de análisis sobre lo que había sucedido en el país entre 1993 y esa fecha. Entonces vivimos una evidente desestabilización política y económica que tuvo sus puntos culminantes con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y con la crisis económica de diciembre de 1994. Hoy, 18 años después, todo pareciera indicar que estamos en los inicios de un proceso similar, con objetivos coincidentes (la restauración política) aunque ahora los actores representen, sólo en parte, otra puesta en escena. Y como en aquel otro proceso desestabilizador, el mismo se profundiza ante las dudas, los errores, la confusión y la inconsistencia de quienes se plantean el cambio, en el gobierno y fuera de él.
Desde el primero de diciembre pasado los casos de violencia política se han desencadenado uno detrás del otro y a cada uno de ellos se ha respondido con una prudencia que la gente (y sus adversarios) asumen como debilidad. Se ha apostado a un Pacto por México que tenía la indudable intención de generar un entendimiento entre reformistas de distintos ámbitos para sacar cambios urgentes y asegurar la estabilidad, pero finalmente todos los actores han terminado debilitados porque el Pacto, en sí mismo, no ha sido suficiente para sacar adelante la agenda reformista a pesar de sus notables éxitos originales.
Todo eso resultó evidente desde agosto pasado cuando se mostró que el corazón de agenda reformadora de la administración Peña, que incluye la reforma fiscal y la energética (que implicaría cambios profundos no sólo económicos sino también políticos y sociales) tendría dos tipos de resistencia: una pública, política, abierta y en buena medida legítima, y otra soterrada, que recurre a la violencia y apuesta por ella, pero se alimenta de la primera.
Las preguntas son inevitables ¿quíenes están detrás de los grupos llamados anarquistas? ¿En realidad no pueden saber quiénes impulsan y financian estos grupos?¿Cómo puede mantenerse un movimiento como el de la Coordinadora que en su momento de mayor impacto implicó un costo de hasta 11 millones de pesos diarios? ¿Quién financia sus operaciones, quién paga los “viáticos” a los manifestantes, quién renta autobuses, carpas, equipos? ¿Por qué en la mesa de negociaciones para la Coordinadora sigue siendo central la liberación de los maestros secuestradores de Oaxaca? ¿Por qué se han disparado los secuestros en el área metropolitana del DF y en otros estados desde el inicio de este movimiento? ¿Cómo confluye la agenda de anarquistas, de la CNTE, de los grupos armados, incluso de algunas organizaciones del narcotráfico, sobre todo en Michoacán y Guerrero?
Visto desde una perspectiva desestabilizadora, el escenario del país se observa de otra manera y las medidas a adoptar también deberían ser diferentes. La política se debe reencausar partiendo de la base de que no se podrá impulsar una agenda de cambio con todos, sino sólo con una mayoría… y que no todo es negociable; la seguridad se debe concentrar en esas fuerzas desestabilizadoras, hasta hace muy poco subestimadas; la economía necesita crecer e implementar cambios urgentes que le resten espacio a los intentos restauradores (y por eso la reforma energética es urgente, al tiempo que la fiscal ha cometido el error de colocar en su contra a todos los sectores que castiga en lo particular). La administración Peña debe abandonar la dosis de ingenuidad y soberbia que en ocasiones la embarga (como le sucede a la mayoría de los gobiernos que vienen de largos periodos de oposición o de espacios de poder local) y comenzar a observar y descifrar ante los acontecimientos que vivimos, actuando desde otra óptica, la que coloca su propia desestabilización como un objetivo político evidente.
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