Las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) estremecen: en diez meses de gobierno peñista van 15 mil 552 homicidios dolosos. Mil 550 al mes. Alrededor de 50 diarios.
¿Dónde está la estrategia antiviolencia? Eso quiere saber, y reclama, el país.
¿Dónde está la contención del crimen organizado? Hasta hoy, ha naufragado.
Ojo: son cifras oficiales, no de la oposición. Es el recuento de la numeralia de la muerte.
El reporte reciente del SNSP detalla también:
Alrededor de mil 326 secuestros se han registrado de diciembre de 2012 a septiembre de 2013 (cabe señalar que ese es el número de plagios denunciados ante el Ministerio Público. Organizaciones civiles como la Asociación Alto al Secuestro, que encabeza la valiente Isabel Miranda de Wallace, establecen que durante los primeros nueve meses del año van mil 562 secuestros. Archivos del poder.Excélsior 15/X/2013).
El SNSP advierte también un fenómeno que repunta, que lastima a familias, a comerciantes y a empresarios: en lo que va de la administración se han registrado (también denunciados) seis mil 635 casos de extorsión. Es el derecho de piso. El pagar para obtener tranquilidad. El intercambio canalla de quien extorsiona a quien trabaja. El trueque impune.
Diciembre de 2012 fue el mes más sangriento del actual gobierno con mil 718 asesinatos, seguido por abril de 2013 con mil 651 casos. Prácticamente se ha mantenido la tendencia violenta con la que salió el gobierno de Felipe Calderón.
En lo que toca a septiembre pasado, el SNSP señala que se tienen contabilizadas mil 478 ejecuciones.
En el mismo mes se ubicaron 135 secuestros, 719 actos de extorsión, cuatro mil 329 robos de vehículos con violencia y diez mil 127 sin violencia directa. Sin embargo, el sólo hecho de arrebatarle su auto a un ciudadano es un acto criminal.
Los datos que alimentan al SNSP provienen de las Procuradurías de Justicia estatales y de las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, las cuales, bajo su esfera de competencia, atienden y contabilizan las denuncias correspondientes.
Allí están los datos duros. Sin interpretaciones.
Allí están las cifras pero, sobre todo, la violencia abierta, viva, fresca. Agravante.
Allí están los hechos.
Y allí está también el análisis crudo de la prestigiada revista The Economist, bajo el título Crimen en México: fuera de la vista, no fuera de la mente, a propósito de la violencia y de la actuación del crimen organizado en nuestro país.
Aún pendiente, la sobada y ya desgastada Gendarmería que nada más no aparece y nadie sabe, siquiera, fecha de arranque, o si será del ámbito federal o local.
El gobierno federal habla de reducción en las cifras respecto a la violencia… pero esa violencia sigue omnipresente. No disminuye. No cesa. Mucho menos desaparece.
La percepción prácticamente generalizada es que la violencia no baja. Aún más: como en el caso del secuestro, va a la alza, sin ninguna estrategia de prevención o de contención. Imperantes los hechos por encima del discurso.
Es la violencia imparable.
ARCHIVO CONFIDENCIAL
MICHOACÁN. Cambian gobiernos pero, en Michoacán, la violencia se ha convertido en ejercicio cotidiano de un poder paralelo al oficial: el poder de la criminalidad, del narcotráfico. A La Familia Michoacana, a Los Zetas, a Los Caballeros Templarios —por si todo eso fuera poco— se suman las guardias comunitarias o grupos de autodefensa. “Antes estaban en sólo diez municipios, pero hoy ya se han extendido”, nos revela el periodista Miguel García Tinoco, corresponsal confiable de Grupo Imagen Multimedia. “Son 15 años ya de pesadilla”, dice nuestro colega. Los hechos no lo desmienten: el sábado, más de… ¡500 integrantes! de los grupos de autodefensa, ingresaron en caravana a Apatzingán con la intención de realizar una protesta contra el crimen organizado, pero fueron recibidos con ráfagas de metralleta. De milagro no hubo muertos. Horas después, grupos armados atacaron las subestaciones de la CFE en al menos 12 municipios michoacanos, lo que provocó apagones en las cabeceras municipales. ¡Cuidado! Ya comienzan los ataques contra instalaciones federales. Más allá de intereses particulares, hay brotes violentos con claros rasgos de guerrilla urbana aderezados con un descontento social profundo e innegable. Y no los ve quien no los quiere ver. En el caso de Michoacán, nadie culpa al gobernador priista Fausto Vallejo de estar enfermo, pero sí es responsable, por sus ansias de poder, de no dar paso a hombres y esquemas en mejores condiciones para enfrentar esta pesadilla que, como nos confía García Tinoco, ya es quinceañera.
Twitter: @_martinmoreno
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