La primera nota muestra la irresponsabilidad (y probable corrupción) de integrantes del Poder Judicial Federal, específicamente de los tres magistrados que conforman el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, que hace tres meses ordenó la libertad inmediata de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en famoso narco de narcos y asesino de quién sabe cuántos, entre ellos el agente de la DEA, Enrique Camarena.
La nota dice, entre otras cosas: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que posibilitó la liberación del líder del cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero en agosto pasado. La resolución se dio luego de que 4 [de los 5] ministros votaron a favor de declarar inválida la fundamentación jurídica del Tribunal de Jalisco que concedió la libertad al capo mexicano. Al señalar que fue correcto procesar y sentenciar por tribunales federales al llamado capo de capos, dado que Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA por esa calidad era una persona internacionalmente protegida… los ministros remitirán el expediente al tribunal colegiado para que elabore una nueva sentencia de acuerdo al fallo de la corte. Por lo tanto, el caso sí era de competencia federal y el Tribunal Colegiado sí estaba facultado para sentenciar a Caro Quintero por los dos homicidios…”.
Aquí vale preguntarse en que se basaron los tres magistrados del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Zapopan – Lorenzo Palma Hidalgo, José Luis González y Oscar Vázquez Marín – para decretar la inmediata liberación del hoy prófugo Caro Quintero. ¿Nadie los investigará? ¿No le deben una explicación a la sociedad por haber dejado en libertad a un peligroso criminal que seguramente ya está nuevamente dedicándose al narcotráfico y otros delitos? ¿Por qué no son maltratados por la ley como a partir del 1 de enero de 2014 lo será cualquier persona que por error omita presentar dos declaraciones mensuales consecutivas ante el SAT?
Otra nota que muestra la irresponsabilidad de otra integrante del poder judicial, en este caso el del estado de Chihuahua, la jueza penal de garantía del Distrito Judicial Bravos, Anabel Chumacero Corral, quien permitió que un hombre pasara tres años y nueve meses privado de su libertad.
Esta es la nota: “Por unanimidad de cinco votos la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo liso y llano a Israel Arzate Meléndez para que tenga su inmediata y absoluta libertad… fue capturado por militares el 3 de febrero de 2010, acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa por la matanza ocurrida en Villas de Salvárcar, Chihuahua. Sin embargo, al considerar que fue víctima de tortura y que se le obligó a autoincriminarse, los ministros arribaron a ese veredicto ayer en la tarde”.
De nuevo mi pregunta, que aparentemente es idiota: ¿Y qué con la jueza Chumacero Corral? ¿No cometió por su probable negligencia, ignorancia o colusión con el Ejército un grave delito al aceptar una confesión que fue obtenida mediante golpes, toques eléctricos y otras torturas? Para variar, ¿en este caso tampoco habrá responsables? ¿Nadie investigará y, si procede, someterá a juicio a los soldados torturadores, a sus superiores y a la inmoral jueza?
Los magistrados Lorenzo Palma Hidalgo, José Luis González y Oscar Vázquez Marín, y la jueza Anabel Chumacero Corral deberían ser investigados, ¿no crees?
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Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=202104
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