Las leyes se crean para regular el comportamiento de gobernantes y gobernados. Sin autoridades dispuestas a hacerlas valer y sin ciudadanos y autoridades dispuestos a cumplirlas, el orden social simplemente no funciona. México tiene leyes que regulan (desgraciadamente cada vez más en exceso) la conducta de gobernantes y gobernados, pero lo que escasea son los sujetos públicos y privados dispuestos a someterse a ellas.
En México no hemos sabido balancear y conciliar los dos ingredientes fundamentales para que eso ocurra: el convencimiento y la coacción. Todas las sociedades combinan en distintos grados estos dos componentes, pero en el continuum entre autoritarismo y democracia, mientras más cerca se está del primero, más elevada la necesidad de coacción y mientras más nos aproximamos a la democracia, más énfasis en el cumplimiento voluntario, en la obediencia por elección.
En esto de cumplir y hacer cumplir la ley hay tres tipos de estrategias. La primera es inducir la conducta legal por la vía del temor y el castigo. La segunda, por el premio o incentivo positivo. La tercera, por convencimiento. Desde luego que en toda sociedad se utiliza el castigo ante el incumplimiento de las obligaciones, pero en las democracias más consolidadas, la apuesta es a reforzar el valor del apego a la legalidad.
Ante la evidencia y la frustración de que tanto los ciudadanos como las propias autoridades buscan evadir la ley todo el tiempo y en todos los campos, en México se ha optado por regular más y más el comportamiento social, y por endurecer más y más las sanciones también en todo tiempo y lugar. El resultado: una sociedad hiperregulada, acompañada de una sociedad hiperilegalizada. No parecemos conscientes de los hallazgos más recientes de la literatura: mientras más abundantes las regulaciones, mayores las oportunidades para que los actores regulados busquen el favor político para evadirlas y mayor el incentivo para que los políticos vendan favores.
Ignorantes de que el cumplimiento de la ley es más eficaz y más barato cuando está fundado en el convencimiento, nos hemos concentrado en las estrategias instrumentales esperando que la gente actúe por temor al castigo o, en el mejor de los casos, en función del premio en lugar de adoptar un camino que ha sido transitado por otras sociedades con mucho mayor éxito: el cumplimiento voluntario o por convicción, la observancia de la ley por el deber ser o el simple valor de cumplir. Para decirlo de manera coloquial, el cumplimiento de nuestras obligaciones “por las buenas”.
La confianza en la regulación y en el endurecimiento de las sanciones lo vemos por todos lados y en todos los ámbitos. En lugar de promover la cultura de la prevención, la denuncia y la colaboración social, optamos por elevar las penas de los delitos. En lugar de invertir en hábitos alimenticios, elevamos el precio de los refrescos. En lugar de informar sobre los efectos de las drogas, las prohibimos y generamos un mercado negro y un jugoso negocio. En lugar de formar ciudadanos que eviten la captura de los integrantes de los órganos autónomos estatales, buscamos centralizarlos. En lugar de enseñar al ciudadano a retirar su voto a un partido o candidato que infringe los topes de campaña, inventamos la sanción de retirar el registro y el cargo. Todos estos intentos provocan, en el mejor de los casos, risa, y, en el peor, desprecio.
Por añadidura valoramos poco los premios a la conducta apegada a la legalidad. En lugar de retribuir con descuentos a los que pagan sus impuestos, se premia a los morosos con un programa como “Ponte al Corriente”, que perdona o rebaja las deudas. En lugar de aplaudir las conductas cívicas y la vía institucional de resolución de conflictos, recompensamos el vandalismo como ha ocurrido con los delitos cometidos el 1 de diciembre o el 1 de septiembre en las ceremonias de toma de posesión y Primer Informe del Presidente. En lugar de beneficiar a los trabajadores que ante el cierre de una empresa como la Compañía de Luz y Fuerza aceptan su liquidación conforme a la ley, se favorece a los que toman las calles por más de cuatro años y se les otorga una pensión vitalicia de 15 mil pesos mensuales. En lugar de proteger a los maestros, que a pesar del riesgo que corren se empeñan en cumplir con la función de educar como en varios municipios de Oaxaca, se dan 115 millones de pesos a los que han hecho perder a los niños dos meses del ciclo escolar.
Está visto que la estrategia de regular en exceso no ha llevado al mejoramiento del cumplimiento de la ley, sino a mayor corrupción. Quizá sea tiempo de explorar la tercera vía. Apostar por la creación de ciudadanía. Por inculcar y explotar el deseo de hacer las cosas por un sentido del deber y de la cooperación, y no por el sentido de que me pueden descubrir y sancionar. Apostar por la autorregulación, y no por la regulación desde fuera.
Claro que para todo esto lo que se necesita es legitimidad y confianza en el gobierno, en los políticos y en el debido proceso. Y en todo esto andamos muy mal.
*Investigador del CIDE
@amparocasar
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