Si la mayoría de los 113 municipios de Michoacán está atrapada por el narcotráfico y en una veintena de los mismos operan policías comunitarias, esa entidad se acerca a una guerra civil y ni todos los militares, marinos y policías federales la sofocarán en poco tiempo.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó el 1 de agosto pasado una reunión de colaboradores suyos y autoridades de Michoacán cuando Ángel Reyna era gobernador interino. Se habló de la nueva estrategia, del envío de más efectivos para acabar con los cárteles en tierras tarascas y cuanto rompe los tímpanos.
Los medios destacaron la frase de esa ocasión, dicha por Osorio Chong: “Vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad a recuperar la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”. Nada. El terror subió de tono, principalmente en municipios de Tierra Caliente.
Una respuesta a las advertencias de Gobernación sucedió el pasado 27 de octubre. Con bombas molotov, la delincuencia consumó 18 atentados en subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y en seis gasolineras. Se quedaron más de 420 mil habitantes sin energía eléctrica. Y no han sido identificados los autores de tantos siniestros.
Para contrarrestar el poderío del hampa, el gobierno federal destituyó al personal de la Aduana de Lázaro Cárdenas, lo cual debió hacerse hace tiempo por ser la entrada de contrabando a gran escala por el Pacífico y los químicos base para elaborar metanfetaminas.
El titular de Gobernación ha diferido de legisladores de oposición sobre los peligros en que se encuentran los michoacanos, lo cual rechaza y, según sus cálculos, ha recuperado territorio de ese estado, sin precisar en cuáles municipios.
En la actual situación de conflictos retornó al poder el gobernador constitucional, Fausto Vallejo, tras de que le fue cambiado el hígado, pero no se le ve fortaleza ni enjundia para enfrentar a los cárteles de La Familia,Los Caballeros Templarios, La Resistencia y Jalisco Nueva Generación.
Tampoco pueden imponerse las fuerzas federales como queda claro en la permanente cuota de ejecuciones y los cobros por derecho de piso. Los cárteles extorsionan a productores de limones, aguacates y otros productos.
Un aguacatero relata que tres individuos armados le exigieron millón y medio de pesos a fines del año pasado y después de arduas negociaciones pudo pagarles 1 millón 200 mil pesos. En febrero de este año volvieron los mismos sujetos y uno dijo en actitud amenazante: “Nos dijo el jefe que tiene gastos excesivos y necesita otro millón”. Hubo de pedir prestado el agricultor, pero sólo pagó 500 mil pesos. Después llegaron los emisarios de otro cartel a exigir lo mismo. El aguacatero no pudo más y se fue de Michoacán.
En ese infierno viven los tarascos. Transportistas, dueños de gasolineras y de cualquier negocio grande o pequeño son obligados a pagar, o les secuestran a esposas e hijas para ultrajarlas y matarlas. Eso sucedió en Tancítaro, donde dos jovencitas fueron ultimadas y el pueblo está levantado en armas.
Ante la impotencia de autoridades locales y fuerzas federales para someter a los criminales, en 19 municipios surgieron las policías comunitarias para enfrentar a los cárteles. Sin embargo, esos nuevos bandos también delinquen e incluso se les acusa de estar comprometidos con pandillas de la misma entidad.
Si a lo anterior se agrega que policías municipales y mandos militares se han unido al narcotráfico, por voluntad o por la fuerza, el cuadro michoacano es de horror.
A eso llegó la guerra estúpida que el presidente Calderón inició en Michoacán en diciembre de 2006. Y con promesas y falsas declaraciones tampoco va a ser resuelto ese problema de locura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.