El fact checking es una práctica ciudadana con la que se busca transparentar y llevar un registro público de los votos de diputados y congresistas de un país, sobre todo en casos de leyes polémicas o impopulares. A través de esta práctica, que ocurre en democracias del mundo, se toman registros del sentido del voto de los parlamentarios que se archivan y se hacen públicos para dejar constancia histórica de esos votos.
En algunas democracias consolidadas, como Estados Unidos, Inglaterra o los países nórdicos, el fact checking se utiliza desde hace tiempo para cuestionar la coherencia o congruencia de legisladores en el parlamento, para recordarles en campañas políticas por la reelección o por otros cargos públicos, cómo votaron por tal o cual ley y los efectos que eso tuvo para un país o comunidad.
En México, esas prácticas son nuevas y aunque ya hay varias ONG u observatorios civiles que dan seguimiento al trabajo parlamentario, aún no existe una cultura extendida de la transparencia y la rendición de cuentas de diputados y senadores, sea a nivel local o federal. Por eso llamó la atención que, hace unos días, a raíz de la votación de la reforma fiscal en San Lázaro, específicamente de la homologación del IVA en las fronteras, grupos civiles comenzaran a impulsar un “fact checking” sobre el voto de los diputados que aprobaron el incremento del impuesto en las zonas fronterizas.
Hasta ahí el asunto lucía bien y parecía alentador y novedoso que ese tipo de prácticas, que suelen funcionar muy bien en democracias con representación local como la nuestra, comenzaran a utilizarse en México como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los legisladores.
Pero en los últimos días, varios diputados de ciudades fronterizas del norte, sobre todo del PRI, se quejaron con su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, de que estaban sufriendo acosos y agresiones en sus domicilios y en la calle por grupos de civiles que les reprochaban su voto a favor de la homologación del IVA. Al parecer, con la idea de difundir el sentido del voto de los legisladores hubo organizaciones que filtraron o hicieron públicos domicilios particulares, teléfonos y otros datos de los diputados, lo que derivó en ataques a sus casas por parte de “ciudadanos” molestos por su voto.
El tema desató el reclamo y la molestia de las bancadas parlamentarias en San Lázaro que comenzaron a reprocharse por las campañas de hostigamiento contra diputados en el norte del país. Manlio Fabio Beltrones reclamó directamente al PAN el auspiciar la filtración de datos personales de los diputados y provocar las agresiones de las que, en la bancada priista, responsabilizan a grupos organizados por la Coparmex de Nuevo León y de otros estados fronterizos. La molestia por las agresiones llegó a tal nivel en las cúpulas del PRI que entre los priistas se comparaba a los dirigentes de la Coparmex con los maestros de la CNTE por sus medidas radicales.
Ayer, a las denuncias de linchamiento contra diputados se sumó Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien señaló a “empresarios y organizaciones” y les pidió “parar la campaña de linchamiento en contra de diputados por la aprobación de reformas”. “Les hago un llamado a que moderen su campaña de linchamiento. Si por esta campaña le sucede algo a una diputada o diputado, van a encontrar respuesta estos sectores radicales”, amenazó el legislador del PRD.
La pregunta sería si a los grupos radicales de izquierda, que ya provocan inestabilidad en varios estados del país, lo mismo con paros magisteriales que con acciones de guerrilla o sabotaje, se van a sumar ahora grupos radicales de derecha. Porque una cosa es la trasparencia y rendición de cuentas, y otra agredir o llamar a la agresión física a quien disiente; esa es una práctica peligrosa que polariza y divide. Tan malos son los radicalismos de izquierda como los de derecha.
NOTAS INDISCRETAS… La que fue llamada “la obra del sexenio” de Felipe Calderón hoy es cancelada y tirado a la basura un proyecto que, se dijo en su momento, “reactivaría la industria y la inversión” en el país. Hoy que Pemex anuncia el fin de la refinería de Tula, “por costosa e inoperante”, muchos se preguntan qué va a pasar con la millonaria deuda que cierto gobernador de Hidalgo le dejó a su estado con tal de conseguir el proyecto y comprar los terrenos del “polígono” para tan magna obra. Ese gobernador hoy es secretario de Gobernación pero la deuda, esa sigue siendo de los hidalguenses… Se lanzan los dados. Cayó Serpiente.
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