Se ha advertido muchas veces y en todos los tonos. Lo han hecho políticos de todos colores, representantes de los credos religiosos y, claro, desde la academia: los indicadores sociológicos sitúan a México en una zona peligrosa de alta irritabilidad social.
No puede ser de otro modo, por mucho que desde instancias oficiales se pretenda negar. Las encuestas lo indican de manera elocuente: hay un enorme descrédito de la clase política, de los gobernantes, de los “opositores”, de la impartición de justicia, de los banqueros, de los patrones… hasta de los medios de (in)comunicación social.
No puede ser de otro modo, por mucho que desde instancias oficiales se pretenda negar. Las encuestas lo indican de manera elocuente: hay un enorme descrédito de la clase política, de los gobernantes, de los “opositores”, de la impartición de justicia, de los banqueros, de los patrones… hasta de los medios de (in)comunicación social.
Cuentan que fueron los nazis quienes diseñaron la irritación social como una categoría jurídico-política destinada a permitirles encerrar ‘legalmente’ a los judíos, cuya presencia en libertad no convenía y menos agradaba a los seguidores de Adolf Hitler. Alegaban, como excusa, la ‘irritación social’ de los alemanes contra los judíos, cuando en realidad sucedía que los únicos irritados era ellos, los verdugos. Primero les privaron de libertad con ese concepto. Después, sin más miramientos, les anularon el derecho a vivir.
Pues bien, esa categoría jurídica fue “importada” a México con una denominación parecida: “disolución social”, misma que fuera abrogada tras el movimiento estudiantil de 1968, pero que de una u otra forma ha logrado mantenerse disfrazada, agazapada, en distintas legislaciones.
Ha sido así que durante años los mexicanos hemos contemplado decisiones de privación de libertad fundamentadas en algo tan abstracto como la pretendida “disolución” de la sociedad, cuando en muchos de esos casos, como bien me dijo un director de reclusorios que no cito para ahorrarle problemas, los únicos alarmados era ellos, los políticos, los que decidían, a través de los jueces, el envío del sujeto a prisión.
En la sociedad la irritación verdadera es un combustible sobre el que en cualquier momento pueden prender brotes de violencia.
Y la violencia no es sólo física. No. La violencia siempre nace de la violencia. Y esa violencia sólo genera violencia adicional.
VIOLENCIA POLÍTICA Y ECONÓMICA
Cuando un juez dicta resoluciones injustas, está creando violencia. Cuando los gobernantes abusan de los gobernados, están creando violencia. Cuando los legisladores aprueban leyes que las mayorías perciben van en su contra, crean violencia.
Cuando una persona acosa a otra, en cualquiera de sus manifestaciones, está creando violencia. Cuando un medio de comunicación miente deliberada y conscientemente está creando violencia. No son necesarios más ejemplos para entender la idea. La violencia física es solo una manifestación externa de violencia. Pero no es la única. Cuando un Sistema abusa del poder cedido por la sociedad ese Sistema se convierte en sí mismo en una forma de violencia.
No somos pocos quienes creemos que con políticas como la que se imponen desde Los Pinos –y se sacramentalizan en el Legislativo--, generando tasas de desempleo y recesión, afectando al progreso futuro a base de dinamitar la investigación y el desarrollo, es una forma de violencia que se ejerce sobre el cuerpo social.
Y tenemos así, entonces, que el Derecho, las leyes, las normas son la forma civilizada de la violencia. Cuando una persona ingresa en prisión se ejerce sobre ella la violencia legal. Pero para que sea tal debe estar ajustada a Derecho. De otro modo es solo apariencia de legalidad, lo que constituye una dañina forma de violencia.
Pero sucede que cuando los gobernantes perciben irritación en el cuerpo social, tiene la tentación de entregar carne a las fieras para que la consuman y de algún modo se tranquilicen. Así llevamos funcionando desde que el mundo es mundo.
Por ejemplo, en febrero entró en prisión Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE. Mucha gente lo celebró, se alegró, disfrutó con el hecho, sin saber si el auto de prisión era legal o no, si estaba fundamentado o no, si tenía sentido jurídico o no. Eso es lo de menos. Los viejos sacrificios humanos de ciertas culturas se hacían para aplacar a los dioses o para atraerse su agrado. Los modernos son para calmar a las masas.
¿A quién, entonces, mandarán ahora al patíbulo para paliar la irritación social?
¿Un banquero? ¿Un empresario? ¿Un político? ¿Otro dirigente sindical?
Y con ello, ¿las masas dejarán a un lado su irritación? ¿Y si no?
Índice Flamígero: La tarde del viernes comían en el Hotel Imperial, cercano a la sede del Senado de la República, los dueños del imperio político: Miguel Ángel Mancera, Emilio Gamboa, Mariana Gómez del Campo, Alejandro Encinas, entre otros. Evento social para tratar la pospuesta reforma política para el DF. Por el Paseo de la Reforma, mientras tanto, marchaban centenares de jóvenes protestando por el incremento a la tarifa del Metro, aprobada tras una mascarada demoscópica. Los comensales mandaron a cerrar las puertas. Colocaron a sus decenas de guardaespaldas en los frentes del edificio. Ni por asomo a nadie se le ocurrió decir, como aquella María Antonieta, que sí querían transporte barato –“¿piden pan?”--, les dieran una de sus muchas Suburbans estacionadas ahí mismo, en lugar prohibido –“mándenles pastelillos”.
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