De acuerdo con la CEPAL, tuvimos el segundo crecimiento más bajo en la región, alrededor de 1.3 %, la mitad del Brasil y un tercio de Argentina y Chile. En materia de corrupción, Transparencia Internacional nos ubica en el lugar 106 sobre 177 países, Brasil se encuentra 34 posiciones arriba; respecto de Uruguay tenemos una distancia de 87 lugares. El dato inevitable es que somos considerados el país más corrupto de la región. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen a operar abiertamente los grandes consorcios petroleros trasnacionales?
En un comparativo la CEPAL señala el comportamiento de los países durante los últimos siete años en relación a la pobreza y la indigencia. En este periodo Argentina bajó de 30.6 a 4.3 los índices de pobreza y de 11.9 a 1.7 la indigencia; Brasil, de 36.4 a 18.6 la pobreza y la indigencia de 10.7 a 5.4; Venezuela 37.4 a 23.9 la pobreza y de 15.9 a 9.7 la indigencia. México, en cambio, empeoró en ambos factores, pasando de 31.7 a 31 en pobreza y de 8.7 a 14 en indigencia. La posición de Uruguay es excepcional, pues de 18.8 de pobreza y 4.1 de indigencia pasó a 5.9 de pobreza y 1.1 de indigencia, 13 veces mejor que en nuestro país.
Las agencias internacionales señalan en el caso de México una clara relación entre el estado de pobreza que agobia a la población con la política de restricción salarial que ha impuesto el gobierno desde hace 30 años, como parte constitutiva del modelo económico. Podríamos hablar de la imposición de la pobreza por decreto ya que al determinarlos es el gobierno quien fija o autoriza el monto final. Si se trata de los salarios contractuales, supuestamente confiados a la libre negociación entre empresas y sindicatos, es el gobierno el que establece los topes que no pueden sobrepasarse. Los mínimos son determinados directamente por la autoridad a través de una comisión en la que cuenta con el apoyo de los empleadores. Ha crecido la opinión de que esa comisión debe desaparecer para que sus facultades sean absorbidas por un cuerpo especializado del Congreso.
La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo no es sólo una flagrante violación a los principios establecidos por la Constitución. Se estima que desde su referente más alto (1976) esa pérdida es cercana a 80% y que debe ser resarcida para recomponer el tejido social del país. Ninguna estrategia de crecimiento económico puede funcionar si no se corrigen las terribles distorsiones que están en el fondo de las tendencias recesivas de la economía nacional.
En los estudios que citamos queda de manifiesto que una política salarial a la alza es favorable al desarrollo y al robustecimiento del mercado interno y que impacta positivamente en el combate a la pobreza, en mayor medida que los programas de asistencia social. Esto se ha venido probando en países como Brasil, Argentina y Uruguay, cuyos salarios mínimos son notoriamente superiores a los que se cubren en el país y esa condición salarial es considerada el elemento clave de la cohesión social y de la demanda interna.
En cambio, la pérdida acumulativa del valor adquisitivo de la remuneración al trabajo es “la más nefasta de las distorsiones ocurridas en la economía mexicana”. El Observatorio del Salario Justo considera que habrían de recuperarse los niveles históricos de esas remuneraciones y estima que, comparativamente a 1976, los salarios mínimos deberían ser al menos de 6 mil 984 pesos. Pero si se toman en cuenta los incrementos nominales que habrían tenido desde entonces debieran fijarse en cerca de 9 mil pesos. Ahora que se habla de grandes reformas, habría que pensar en cambios que detonen en verdad el desarrollo nacional.
Comisionado para la reforma política del DF
Leído en http://www.enlagrilla.com/not_detalle.php?id_n=30811
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