Uno de los capítulos más penosos e indignos de la vida política en México es el que ha escrito en los últimos meses el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Primero, la enfermedad física y ahora la anulación política desde el centro, han hecho del priista una figura inútil y sin autoridad que, con su debilidad y su aferre al poder, se convirtió en uno de los factores que agravaron la crisis social y de seguridad que hoy vive su estado.
Vallejo se convirtió en un problema desde que la difícil herencia de un estado controlado totalmente por el narcotráfico lo rebasó por completo. El cáncer que le destruyó parte del esófago y lo obligó a una operación que lo tuvo entre la vida y la muerte no hizo sino agravar el vacío de autoridad que este político ya había generado desde que se vio rebasado por la compleja problemática michoacana, agravada tras seis años de una cruenta guerra iniciada en el sexenio de Felipe Calderón.
Cuando el gobernador tuvo que ausentarse del cargo para ser operado en un hospital de Estados Unidos, el gobierno federal vio la oportunidad de hacer a un lado al político cuya debilidad había contaminado y agravado la crisis michoacana. Fue a principios de agosto del 2013 cuando, aprovechando la petición de licencia por enfermedad de Vallejo, el secretario de Gobernación buscó un consenso político para removerlo de la gubernatura y apoyar a un gobernador sustituto en la persona del secretario de Gobierno, Jesús Reyna.
En los cabildeos que realizó entonces por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chong se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas para pedir su opinión sobre la situación del estado que gobernó. “Vallejo se tiene que ir”, opinó el ingeniero, para quien la solución en Michoacán pasaba por el nombramiento de un gobernador sustituto que ejerciera la autoridad ausente. La propuesta de Jesús Reyna fue planteada por el secretario de Gobernación y Cárdenas la apoyó.
Se tomó entonces la decisión de darle todo el respaldo político de la Federación a Reyna para que terminara la gestión de cuatro años de Vallejo. El 2 de agosto, en la Secretaría de Gobernación se firmó el Acuerdo por Michoacán, en el que empresarios, líderes políticos y sociales del estado se comprometían a respaldar la gestión de Reyna y el apoyo federal para recuperar la estabilidad en la entidad. 20 días después, Osorio Chong anunció que se había reunido con 110 alcaldes michoacanos a los que también se pidió apoyar a Reyna como gobernador sustituto.
Apenas transcurrieron dos meses y a mediados de octubre, tras recuperarse de la operación de emergencia en Estados Unidos, Fausto Vallejo avisó de su intención de regresar a la gubernatura. Aunque su estado de salud aún era débil, sus hijos, Fausto y Rodrigo Vallejo Mora convencieron al gobernador de que tenía que regresar a ocupar su cargo y que no se lo podían impedir constitucional ni legalmente. Cuando en Gobernación conocieron las intenciones de Fausto le enviaron el mensaje: era mejor que se quedara a terminar su recuperación porque ya había un acuerdo para nombrar a un gobernador sustituto.
Sin embargo, azuzado por sus hijos y su esposa, Vallejo no aceptó la decisión del gobierno de Peña Nieto y amenazó con iniciar un procedimiento constitucional para exigir su restitución en el cargo. En el centro no aguantaron la presión y desde Gobernación llegó la instrucción para el interino Jesús Reyna: que renunciara a su cargo y le dejara el paso libre a Fausto para su regreso, el cual ocurrió el 22 de octubre por decisión del Congreso local.
El regreso de Vallejo sólo agudizó la crisis política y de violencia. Los grupos de autodefensa, al percibir a un gobierno federal en retirada y a un gobernador que volvió más débil, lanzaron la ofensiva armada que los llevó a tomar, en dos meses, entre noviembre y diciembre, más de 20 municipios de Tierra Caliente y, en su alzamiento contra los Caballeros Templarios, llegaron hasta las inmediaciones de Uruapan, segunda ciudad michoacana, con intención de avanzar hacia la capital, Morelia.
Estalló entonces el escándalo nacional e internacional por el avance de los grupos paramilitares y su guerra armada contra los narcos y eso obligó a actuar a la administración Peña Nieto. Pero esta vez a Osorio sólo le tocó anunciar el nuevo operativo federal y unos cuantos días después fue virtualmente relevado del mando en Michoacán al nombrar el presidente a un comisionado federal para el proceso de pacificación y reconstrucción de Michoacán. Alfredo Castillo se convirtió así en el gobernador de facto que designa a funcionarios estatales de su confianza y sólo usa al gobernador para validar los nombramientos. Fausto Vallejo se confirmó así como una figura de parapeto para cuidar el respeto al federalismo; un cero a la izquierda que se aferró al poder pero, aun así, se lo quitaron.
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