MÉXICO, D.F. (apro).- A la honda corrupción en el Partido Acción Nacional (PAN) la acompaña, igual que a sus socios priistas, una ostentosa impunidad.
“Para Acción Nacional la política es eminentemente ética. La ética rige a la acción política y al político tanto en su aspecto público como en lo personal” ”, dispone el Código de Ética para los Servidores Públicos del PAN, de plena vigencia desde el 2001 y, también, de plena inobservancia desde entonces.
Uno tras otro se acumulan los capítulos de raterías en el PAN. Y Gustavo Madero, su presidente, queda como un encubridor.
Su rechazo a la propuesta de Fernando Canales Clariond de constituir una comisión del Consejo Nacional para indagar la extorsión a presidentes municipales para dotarlos de recursos presupuestales –el ya famoso “moche”– sólo lo exhibe como cómplice de quienes son señalados de cometer semejantes actos delictivos.
Madero se salió con la suya al crear sólo un “grupo de trabajo” que “participe en la generación de propuestas para atender el tema de la transparencia de manera estructural y generar las iniciativas que ayuden a tener un marco institucional que acote y delimite de mejor manera toda disposición de recursos públicos”.
Es una burla, porque se trata –además– de una maniobra reciclada: Hace exactamente dos meses, el 21 de noviembre, el coordinador de los diputados federales, Luis Alberto Villarreal –el principal implicado en los “moches”–, anunció que estaba en curso la elaboración de una iniciativa exactamente igual.
El anuncio se produjo en el acto de desagravio a Villarreal que encabezó Madero, con el acarreo de 20 alcaldes y diputados federales, precisamente cuando calificó de “entelequia” al grupo Panistas por México que exigió una investigación y al que pertenece Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León.
La impunidad en el PAN es de tal magnitud que ya ni siquiera se crea una comisión como ocurrió en la sesión del Consejo Nacional de hace un año, el 19 de enero, para investigar a los panistas vinculados con los casinos, en el contexto de los permisos que Felipe Calderón otorgó minutos antes de dejar el cargo.
Propuesta por la capitalina Kenia López Rabadán, la comisión especial fue aprobada sólo con 12 votos en contra de los más de 300 consejeros, aunque su cometido ya apuntaba a la impunidad de los involucrados, Madero en primerísimo lugar.
Juan Molinar, el “cerebro” de Madero, advirtió: “El objetivo de esa comisión, hay que aclararlo, es simplemente recabar la información veraz, verificable sobre ese tema, para que el partido, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, pueda tomar una posición clara ante la opinión pública respecto al tema”.
Salvo Roberto Gil Zuarth, Juan Marcos Gutiérrez y Obdulio Avila, los tres subsecretarios de Felipe Calderón encargados de los casinos, con sus respectivos directores de juegos y sorteos, nadie más señalado por contubernios compareció.
Pese a las evidencias de que Madero financió su campaña por la presidencia del PAN con recursos de Juan José Rojas Cardona, El zar de los casinos, la comisión no lo llamó a comparecer ni a sus principales operadores en esa relación: Los diputados Jorge Villalobos Seáñez y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
Tampoco fueron convocados otros prominentes panistas involucrados en escándalos de casinos, como los exalcaldes Fernando Larrazabal, de Monterrey, y Zeferino Salgado, de San Nicolás, Nuevo León, así como los diputados federales Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, ligados con el Grand Casino de León, Guanajuato, y ahora vinculados a los “moches”.
Menos aún comparecieron otros personajes de menor prosapia panista pero directamente implicados en las redes de protección política para la operación de casinos, como José Serrano Montoya y Paul Iván Garza Téllez, panistas ambos y este último nombrado por Madero director general del Registro Nacional de Miembros del PAN.
Con el paso de los meses, el asunto se pudrió. Lo mismo ocurrirá con los “moches”. En el PAN sólo valen las complicidades…
Comentarios en Twitter: alvaro_delgado
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