El detonador de las medidas adoptadas por el gobierno federal para restaurar la paz y el orden en Michoacán no fue el infierno que durante años han padecido los michoacanos sino la inquietud expresada por Klaus Schwab, presidente del Foro de Davos, a raíz de la inseguridad y el surgimiento de los grupos de autodefensa en México. Ante el temor de una eventual reducción de la inversión extranjera como consecuencia de la violencia e inseguridad en el país, el gobierno se vio obligado a responder con rapidez y firmeza.
El plan para restablecer el orden en Michoacán dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto a su regreso de Davos incluye, además del nombramiento de comisionado para la Seguridad en Michoacán, un gabinete federal para atender los problemas del estado y una inversión de 45 mil millones de pesos destinada a proyectos de educación, economía, salud, desarrollo social e infraestructura. Según lo informó la secretaría del ramo, al desarrollo social se destinarán tres mil millones de pesos con el fin de incorporar a 29 nuevos municipios a la Cruzada contra el Hambre en los que habitan 776 mil 993 personas en condición de pobreza, lo que equivale a sólo 10.58 pesos diarios por persona.
La reacción gubernamental reveló la inexistencia de un diagnóstico certero y una estrategia de seguridad sólida. La decisión de intervenir con toda la fuerza del Estado para frenar el caos en Michoacán fue inexplicablemente tardía, ya que la información acerca de la situación de violencia, inseguridad y del surgimiento de las autodefensas era bien conocida desde mucho antes del inicio de la actual administración.
¿Por qué no se actuó de antes? Quizá porque ello hubiera nublado la imagen del presidente reformador que aparece en la primera plana de la revista Time (y en la mayoría de los diarios nacionales) como “el salvador de México”, y acaso también por la ominosa red de corrupción entre el narcotráfico y las autoridades de los tres niveles de gobierno que permanece inmune e impune.
Asimismo, la actitud del gobierno ante los grupos de autodefensa fue titubeante y contradictoria. El rechazo inicial del gobierno a los ciudadanos que se armaron para defender la vida y el patrimonio de sus familias debido a la omisión de las autoridades para cumplir con la responsabilidad primordial de garantizarles la seguridad, dio un viraje total. Privilegiando la urgencia coyuntural frente al rigor jurídico, el 27 de enero, el comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó que el gobierno federal y los grupos de autodefensa de Tierra Caliente firmaron un acuerdo para “legalizar” a los ciudadanos armados e incorporarlos a las fuerzas del Ejército o de las policías municipales para combatir el narcocrimen.
Los grupos de autodefensa de Michoacán representan el paradigma de un fenómeno que se extiende a varias entidades del país. Como lo documentó José Gil Olmos hace un año, “en el país hay 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco” (Proceso 1895).
Lo más probable es que esas cifras hayan aumentado como resultado del agravamiento del clima de violencia aunado al déficit del Estado en materia de seguridad. “Ese vacío se llena por otras formas: Por el poder caciquil, el crimen organizado o los policías comunitarios”, le comentó Erubiel Tirado, responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana, al reportero de Proceso.
El gobierno ha optado por integrar a las autodefensas de Michoacán, pero a perseguir y encarcelar a las autodefensas comunitarias de Guerrero por su presunta vinculación con grupos guerrilleros. En ambos casos está en riesgo el monopolio de la violencia legítima del Estado.
La remoción del doctor José Manuel Mireles como vocero de las autodefensas michoacanas a raíz de sus declaraciones a El País y a Carmen Aristegui reveló la decisión del gobierno de controlar el liderazgo de las autodefensas, así como su negativa a aceptar la crítica. El comisionado Castillo declaró que Mireles no estaba actualizado respecto de la situación en Michoacán por haber dicho que la acción gubernamental “era un teatro”.
En realidad, la declaración del doctor Mireles fue mucho más elaborada y certera, al haber desenmascarado la enorme corrupción que devasta a Michoacán, con dos datos insoslayables. En primer lugar, que entre el 15 y el 25 por ciento del presupuesto de la entidad va directamente a manos del crimen organizado por vía de funcionarios estatales y municipales coludidos con los narcotraficantes. Y, en segundo lugar, que mientras no se imponga el estado de derecho en Michoacán, una buena parte de los 45 mil millones de pesos ofrecidos por el presidente Peña Nieto servirán para fortalecer las arcas y el poder de lo que el doctor Mireles llama, con razón, el narcogobierno michoacano.
El doctor Mireles puso el dedo en la llaga: El narcocrimen ha penetrado hasta la médula a las instituciones estatales y municipales de Michoacán. ¿Por qué el gobierno federal se empeña en ocultar el pantano de corrupción en que se hunde Michoacán y el país todo?
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=365393
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