El hombre designado por Peña Nieto para resolver la crisis en el suroeste de México afirma que el objetivo inmediato es "asfixiar económicamente" al cartel de Los Caballeros Templarios
Vestido con camisa de lino de manga corta y zapatos cómodos, Castillo soporta de buen ánimo el calor del mediodía en la Tierra Caliente, región que no conoce el invierno y cuna del levantamiento de las autodefensas, ciudadanos que hace un año decidieron tomarse la justicia por su mano contra narcotraficantes y extorsionadores.
Son las tres de la tarde del pasado jueves y Castillo va saliendo de una larga reunión con líderes de las autodefensas. Saluda, como es habitual en él, con un “qué pasó, mi rey”. “Mi rey”, o “papá”, es como llama a casi todos este aficionado al tenis y racquet. Incluso llama así a las autodefensas, dice uno de sus colaboradores.
“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información”
El cónclave se realiza en los cuarteles de la 43ª Zona Militar. El dato no es menor. En la instalación castrense están líderes de un movimiento que usa armas reservadas a las fuerzas de seguridad oficiales. Tan solo la posesión de ese armamento constituye un delito grave que se paga con cárcel. A pesar de ello, las autodefensas están en la misma mesa con policías federales, el fiscal del Estado, otros encargados de la seguridad y, por supuesto, con el comandante militar de la región, el general Miguel Ángel Patiño. Pero, por el momento, el Gobierno no pretende desarmar a las autodefensas.
Nombrado el 15 de enero por Peña Nieto como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que en la práctica quiere decir que manda más que el gobernador michoacano Fausto Vallejo, Castillo explica en entrevista que cree que en 15 días contará con la plena confianza de las autodefensas. Con eso en la bolsa, los siguientes pasos de la estrategia para la paz son desactivar en la población “el chip de la extorsión”, asfixiar las finanzas de los criminales y hacer que los programas gubernamentales, que han funcionado mal durante demasiados años y de cuyos fondos se han beneficiado los criminales, ahora sí operen con eficacia. Más aún cuando el Gobierno federal ha anunciado esta semana un presupuesto extra de 3.400 millones de dólares (2.495 millones de euros) para ese Estado del oeste de México.
Y todo lo anterior lo tiene que hacer Castillo, al tiempo que se le cuestiona, porque las autodefensas continúan su avance regional. Tan solo la víspera de la entrevista con EL PAÍS, los alzados habían tomado el municipio de Gabriel Zamora, y dos días después de la charla llegarían, desarmados, a Apatzingán, la principal población de la zona de Tierra Caliente, y bastión de los Templarios, cartel criminal contra el que las autodefensas se levantaron el 24 de febrero del año pasado.
El primer punto de la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto para Michoacán implica el control territorial. Miembros del Ejército y de la Marina, así como policías federales, ya ocupan 27 de los municipios del Estado. Ahora, Castillo quiere que la población le ayude a “judicializar” ese control territorial y abrir procesos para capturar a los criminales.
“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información. El esfuerzo que estamos realizando es para que nos platiquen, para que nos den información. Es información a cambio de seguridad para ellos”, dice.
Castillo explica que las autodefensas tendrán que convertirse en guardias rurales, una figura jurídica del siglo XIX desempolvada por este Gobierno, y que podrían participar en el control de entradas y salidas de puntos estratégicos de las poblaciones desde donde los Templarios gobernaban su reino de terror. Así, con la colaboración de esos guardias, las fuerzas federales podrán detectar a los presuntos delincuentes.
Las autodefensas van a recibir capacitación y adiestramiento, pero antes deben empadronarse y declarar sus armas. “Ellos son los primeros que quieren el registro y el control para que no se les meta gente. Ellos lo están pidiendo, quieren diferenciarse, y quieren que sea la autoridad la que diga quién sí y quién no puede estar en las guardias comunitarias para no tener que confrontarse”.
Se le cuestiona que al negociar con las autodefensas se ha entregado a quienes pudieran ser enemigos del Estado. De hecho, un día después de la entrevista se revelará que un personaje acusado de narcotraficante estuvo en una reunión de Castillo y autodefensas el miércoles pasado.
“La gente de Tierra Caliente no está maleada. No dijo: ‘que no venga el Gobierno’. De hecho dijo: ‘¡que venga el Gobierno!’. Y el Gobierno durante mucho tiempo no acudió al llamado”.
— ¿Tiene confianza en que representan intereses legítimos?
— Los líderes, totalmente. Mira, en las reuniones nos piden rellenos sanitarios, computadoras, procesadoras de limón, una escuela secundaria, cuatro doctores… No creo que sean demandas de una organización que representa peligro. Si fueran un grupo delincuencial no firmarían un acuerdo, no lo habrían hecho tan rápido [ocurrió el 27 de enero], tendrían demandas inviables y no estarían sentándose a discutir temas de desarrollo integral, de agenda social. En cuanto a las armas, hay que distinguir zonas urbanas de zonas rurales, en estas la gente desde hace mucho ha estado armada, para proteger sus fincas, para proteger su ganado, para protegerse de animales. No es que anden con esas armas en centros comerciales, como algunos creen. Para ellos es cosa de su cotidianidad.
— Pero en el campo mexicano se veían escopetas y pistolas, no armas de asalto y menos tantas.
— Habrá que hacer el registro y el intercambio, en su momento. Ahora lo que importa es hacer el registro para controlar, para saber, si se llega a cometer un crimen, qué arma fue.
— ¿Las autodefensas van a entregar las armas que no sean de calibres reglamentarios?
— Sí, llegaremos a ese punto al final.
— ¿No está durmiendo con el enemigo?
— Por supuesto que no. Los últimos 10 años he estado relacionado con el trato con delincuentes, aprendes a distinguir quién es un delincuente y quién actuó en una circunstancia.
Sobre los Templarios, el comisionado cree que es necesario asfixiarlos económicamente. Eso se debe lograr para empezar con una ley de extinción de dominio, que hace a los delincuentes perder las propiedades en las que operan. Además habrá que “revisar todas las concesiones de las minas” en Michoacán para cerciorarse de que no están en manos de Templarios; y controlar las exportaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas. “Y lograr que los presidentes municipales y las empresas no paguen” extorsiones. “Que si alguien recibe un intento de extorsión puedan decir ‘no pago’, porque saben que dada nuestra presencia los criminales tendrían muy difícil” las represalias.
Castillo llegó a esta misión acompañado de 200 colaboradores. Uno de ellos es el nuevo fiscal del Estado, otro el nuevo encargado de la policía, otros más los fiscales regionales. Peña Nieto ha ordenado además que cada ministerio ponga a disposición del comisionado un funcionario de alto nivel para las labores de reconstrucción institucional y de desarrollo. “No creo que se vea esto en muchos lados del país, es una oportunidad única”, dice Castillo sobre esa colaboración. “No puedes solucionar un problema a través de la violencia. Y lo más importante es no tener violencia, y no hemos tenido. Eso tiene un valor inmenso”.
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