Denise Dresser - Cloaca abierta

“A mí no me gustan los chismes, ni los mochos, ni los chismosos. Es una cuestión que no tiene sustento”. Así responde Manlio Fabio Beltrones a las acusaciones recientes en su contra. Así trata de escurrirse nuevamente un político al cual el tufo de una cloaca abierta lo persigue donde quiera que va. No hay novedad. Ayer fue acusado de vínculos con el narcotráfico; hoy es acusado de participar en los “moches” que salpican a su partido. Ayer fue señalado por “The New York Times”, hoy es señalado por ofrecer la asignación de 160 millones de pesos del presupuesto público al Alcalde de Celaya para la pavimentación del municipio a cambio de un “moche”. Allí están, otra vez, los cargos en su contra, las preguntas sin respuesta, las averiguaciones que van a ningún lado. Manlio Fabio Beltrones sigue políticamente vivo a pesar de todo.


Demostrando con ello que México permite la supervivencia de los íconos de la impunidad. Subrayando con ello que el PRI avala la longevidad política de los personajes más cuestionables. Y por ello el gobierno se vuelve el refugio de tantos sinvergüenzas con la complicidad de quienes deberían escudriñarlos pero no lo hacen. Las televisoras silenciosas. Los medios miedosos. Los periodistas que tendrían que hacer las preguntas difíciles pero optan por las respuestas fáciles. Todos avalando, todos minimizando, todos cerrando los ojos porque saben que los beneficios de la cloaca son compartidos. Porque entienden que en el país la corrupción es válida si muchos participan en ella. Porque ante los corruptos no hay condena política o investigación judicial o castigo social si demuestran ser “competentes”.

Como en el caso emblemático de Beltrones, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, frente a cuya trayectoria truculenta no ha habido ni un sólo deslinde por parte de su partido. Ni una sola expresión de disgusto. Ni una sola condena a su conducta o un solo esfuerzo por distanciarse de ella. Al contrario: el PRI lo protege, lo ensalza, lo coloca en posiciones de liderazgo vez tras vez. Con lo que revela a un partido que -a pesar de las reformas presumidas- todavía está dispuesto a cerrar la tapa de la cloaca en lugar de limpiarla. Está dispuesto a ignorar la realidad de un asunto que nunca fue aireado o resuelto de manera satisfactoria. Lo que en 1997 los reporteros de “The New York Times”, Sam Dillon y Craig Pyes, publicaron que les ganó el premio Pulitzer. Lo que fue detallado en la nota titulada “Vínculos con el narco manchan a dos gobernadores mexicanos”. Lo que Craig Pyes reitera ahora en una entrevista con el periodista Julio Roa de EnLaPolitika: que su reportaje “no se basó nada más en un reporte de inteligencia, sino en más de 20 alegaciones de la DEA y otros archivos gubernamentales”.

Y después de cuatro meses de investigación minuciosa, los resultados: Beltrones responsable de proteger al narcotráfico en el estado que gobernó y de aceptar pagos de capos a cambio de protección para sus actividades; Beltrones incluido en una lista de 17 funcionarios sospechosos de corrupción, que el Gobierno estadounidense entregó a Ernesto Zedillo, poco después de su llegada a Los Pinos; Beltrones al centro de un debate en el Buró Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado sobre el imperativo de revocar su visa para entrar a Estados Unidos; Beltrones protegido por el entonces embajador estadounidense James Jones, el mismo que exaltó la integridad empresarial de Ricardo Salinas Pliego y formó parte del Consejo de Administración de Grupo Azteca, al cual tuvo que renunciar después del escándalo Codisco-Unefón.

A pesar de todo ello, el sonorense sigue pavoneándose en la política porque nunca hubo una investigación seria en México para desmentir o validar las acusaciones hechas. Ni ayer ni hoy. Y eso se debe a que en nuestro país la acusación penal no es autónoma. El procurador es nombrado por el Presidente y puede ser despedido por él. El sueldo del procurador puede subir o bajar dependiendo del humor del Ejecutivo, al cual sirve. En contraste, en países con democracias funcionales, la autonomía e imparcialidad de la investigación penal es protegida por procuradores nombrados de forma colegiada, que sólo pueden ser despedidos de forma colegiada, como demuestra un estudio por Azul Aguiar publicado en “The Mexican Law Review”. Hasta que eso no ocurra en México -y Peña Nieto se opone- continuará habiendo casos que nunca son investigados a fondo. Continuarán sobreviviendo políticos con acusaciones de corrupción. Y cloacas abiertas que todavía huelen mal.


Fuente: Reforma.