El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, empezó un control de daños. Tan pronto como el escándalo de Oceanografía creció esta semana, y ha buscado protegerse y evitar que el tsunami que enfrenta la principal proveedora de Pemex, lo revuelque. Tapizó el jueves los medios de comunicación en la ciudad de México con el anuncio del “rescate” de la concesión de una autopista que otorgó su gobierno a la mortalmente herida empresa. En un comunicado, informó que se la retiraba porque no había cumplido con la garantía de crédito establecida, que venció el 20 de febrero.
La autopista de 72 kilómetros une a Cuapiaxtla y Cuacnopalan, y fue una promesa de campaña cuya obra estaba programada para concluir en octubre pasado, sin ser entregada. Moreno Valle quedó expuesto cuando la prensa poblana recordó el lunes el nexo entre su gobierno y Oceanografía, a través de la concesión a una filial de la empresa, OSA Edificadora y Constructora. Moreno Valle, que aspira a la candidatura presidencial del PAN en 2018, se había mantenido agazapado.
El “rescate” de la concesión es una medida limitada. La relación de Moreno Valle con el principal accionista de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, es mucho más amplia de lo que parece. De acuerdo con personas que estuvieron en su campaña para la gubernatura, Yáñez Osuna fue uno de sus principales financieros, que se tradujo en su inclusión en la lista de empresas privilegiadas por su administración desde 2011. Un vocero del gobierno poblano, rechazó completamente esta imputación. “Se niega categórica y enfáticamente el hecho”, agregó. “Simplemente no ocurrió”.
OSA es una empresa que tiene seis socios, entre los que se encuentra el Grupo Aknuuk –no hay referencia de ella en Internet-, y las investigaciones sobre Oceanografía encontraron que tiene entre sus dueños a los empresarios Oliver Fernández y Jaime Camil. Camil ha tenido problemas con Pemex por el abuso de su representada Siemens, en un proyecto de remodelación de la refinería de Cadereyta. Fernández, ex tenista internacional, tiene una vieja relación con Moreno Valle al haber arreglado en Puebla, en alianza con la entonces líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, un mecanismo de créditos a 70 mil maestros, que eran descontados por la vía de nóminas, igual al que otra empresa asociada a Oceanografía, Caja Libertad -investigada también por la PGR por presunto lavado de dinero-, hizo en Pemex. Fernández es miembro del Consejo de Administración de OSA, en donde están Yañez Osuna, y Martín Díaz Álvarez, socio minoritario en el holding intervenido.
Oceanografía recibió en 2011 proyectos de obra pública que fueron parte de los festejos del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla. Además, el gobierno de Moreno Valle le asignó un contrato para el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural, con un costo superior a los 70 millones de pesos, y otro más para la construcción de la Plataforma de Prueba Piloto y de Relleno Estructural de la Nueva Planta de Audi, con un costo de cinco millones de pesos.
El “rescate” de la autopista tuvo, de sí, sus propias irregularidades. El concurso donde participaron 22 empresas, fue declarado desierto. Nunca se convocó a una segunda licitación. Pero el 23 de diciembre de 2011, mediante una adjudicación directa, el Organismo Operador de Carreteras de Cuota le entregó la concesión con una vigencia de 30 años. El 4 de enero de 2012, Moreno Valle dio el banderazo de salida a la obra.
De acuerdo con el vocero del gobierno poblano, no existe ninguna irregularidad en esas obras. En el caso de la autopista, dijo que se declaró desierto porque nadie cumplió con los términos de la convocatoria, y que más adelante se le otorgó a OSA porque fue la mejor propuesta técnica y económica donde el gobierno no invertiría recursos. Los otros proyectos fueron, explicó, marginales. El Corredor Turístico representó el 0.26% del presupuesto invertido, y la plataforma de prueba piloto para la planta de Audi, el costo fue marginal. La decisión de deslindarse de Oceanografía en la carretera, es un blindaje. El gobierno poblano tuvo una relación comercial con Yáñez Osuna y Oceanografía, cuyo escándalo halló al gobernador Moreno Valle desprotegido, vulnerable, y con obstáculos considerables para su carrera política, en franco ascenso.
AL MARGEN: La senadora Mónica Arriola afirmó que el texto publicado en este espacio el viernes 28 de febrero, “Elba, un año después”, incurren en inexactitudes. La senadora se refiere a la información que ella tuvo autorización del secretario de Gobernación para recoger pertenencias de la residencia de su madre, Elba Esther Gordillo, varias horas después que fuera capturada. La senadora asegura: “Niego rotundamente la existencia de los videos a los que usted hace mención, asimismo aclaro que en ningún momento he amagado en este o cualquier otro tema”. Y añade: “Sirva la oportunidad para puntualizar que mi palabra usa solamente mi voz y pluma para ser transmitida, a diferencia de quienes se comunican a través de ‘personeros’ o ‘fuentes’ como usted mismo los califica, y que desde el anonimato difunden mentiras o intrigas con la intención de dañar mi integridad”. Es positivo que la senadora aclare que fueron mentiras lo que ella misma decía. Dos fuentes del círculo interno de la maestra Gordillo, lo saben de cierto.
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