Si en un punto puede afirmarse que fracasó la estrategia del ex presidente Calderón contra el crimen fue en la incapacidad para obtener el respaldo de los gobiernos locales. A una mayoría de gobernadores y autoridades municipales (priistas, perredistas y panistas) no le interesó encontrar incentivos para pelear contra narcotraficantes, asesinos, secuestradores, extorsionadores.
Y no lo hicieron. Calderón no consiguió el apoyo ni pudo imponerlo. De ahí la relevancia de la caída en desgracia del coordinador de la campaña de Fausto Vallejo al gobierno de Michoacán, dos veces secretario de Gobierno en esa administración y gobernador interino por seis meses, Jesús Reyna, hoy bajo arraigo y ya degradado políticamente por sus presuntos nexos con Los caballeros templarios.
Se prueben o no los vínculos (recuerdo las cuatro entregas publicadas aquí entre el 5 y el 8 de agosto pasado, sobre la forma en que Reyna y los suyos quisieron negar el secuestro del viejo ganadero Joaquín Ponce de León), el presidente Peña Nieto parece haber mandado la señal de que quien desobedezca las órdenes para enfrentar a los criminales no debería dormir tranquilo.
Los Pinos y Bucareli no tienen incentivos, ni mucha paciencia, para consentir pretextos o errores flagrantes de gobernadores y alcaldes ineficaces o descaradamente omisos. Si de aquel lado es plata o plomo, de este será gracia o desgracia.
La ruina de Reyna sería también una señal para los gobernantes de Tamaulipas y Guerrero. Y los de Morelos, Veracruz, el Estado de México.
Resuelven, o podría caerles la ley a secas.
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