Denise Dresser - 49 tarjetas

Quisiera hacer una petición a cada persona que lea esta columna hoy. Escriba, por favor, en una tarjeta, el nombre de una persona que ama, un talento que usted piensa que tiene, un sueño de vida que posea. Y luego imagine que alguien le quita una o todas esas tarjetas. Imagine que las circunstancias le arrebatan a alguien a quien quiere, o que sufre un percance físico que le impida desplegar sus dones, o que nunca va a suceder algo con lo que usted soñaba. Pues precisamente esa pérdida de una o de todas las tarjetas es la que padecieron los padres de la Guardería ABC, los 49 niños que murieron allí, los 76 heridos que aún no se recuperan y en algunos casos nunca lo harán. Una pérdida irreparable. Un dolor que difícilmente se puede sobrellevar. Un corazón roto junto con una vida que también lo está. El infierno de levantarse cada mañana y respirar y andar después de perder a un hijo. O los diez dedos de la mano. O una pierna. O un brazo.



Y luego imagine que cinco años después del arrebato de sus sus tarjetas, no hubiera sanción para quien se las quitó. Que no hubiera una investigación creíble o confiable sobre lo ocurrido. Que sólo se diera la reaprehensión de un funcionario menor. Que usted contara su caso cientos de veces y prevaleciera el silencio. La impunidad. El olvido. La desidia social y la complicidad gubernamental. La permanencia en la política o en la actividad empresarial de personas como Juan Molinar y Eduardo Bours y Daniel Karam y todos aquellos política o administrativamente responsables.

Nombres como el de Guillermo Padrés, actual gobernador de Sonora. O Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador general de Sonora y actualmente diputado local. O Ernesto Gándara Camou, ex presidente municipal de Hermosillo, y actualmente senador del PRI. O Claudia Pavlovich, ex diputada del Congreso de Sonora y actualmente senadora del PRI. O Marcia Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la Guardería ABC, actualmente empresaria en Hermosillo. O Carla Rochín Nieto, ex coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS, actualmente de paradero desconocido.

Y todos aquellos que criticaron -en su momento- el proyecto del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, quien exigía rendición de cuentas. Todos aquellos que se escudaron en argumentos como que "acababan de llegar al IMSS", o que cabildearon en la Corte para salvarse el pellejo, o que trataron de desacreditar al ministro Zaldívar al sugerir -tramposamente- que habían violado sus derechos al no llamarlos a comparecer y al no incluir sus puntos de vista en la propuesta que se fincaba en la noción de responsabilidad. Todos aquellos que participaron en la operación de Estado que encabezó el entonces secretario de Gobernación -Fernando Gómez Mont- para impedir que los altos funcionarios involucrados, comenzando con Juan Molinar, no fueran tocados ni con el pétalo de una recriminación o una renuncia exigida.

Y hoy, después de 49 niños muertos, el país donde nunca pasa nada. Y hoy después de más de 76 niños lesionados, el país donde nunca pasa nada. Y hoy, después de más de 1,400 guarderías en las que sólo el 14 por ciento cumple con los requisitos de la ley, el país donde nunca pasa nada. Donde sigue prevaleciendo el desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, la operación, la supervisión y la vigilancia de las guarderías subrogadas. Donde sigue prevaleciendo -después de cualquier percance- el caos en cuanto a la llegada de ambulancias, el traslado de los heridos, y la información proporcionada a los familiares. Donde sigue prevaleciendo el no cumplimiento en la mayoría de las guarderías del país con los requisitos básicos de seguridad. Donde sigue prevaleciendo la fragilidad en el sistema de protección civil y salud en los tres niveles de gobierno.

Ante ello, padres desesperados. Autoridades sordas. Demandas de justicia incumplidas. Padres y niños buscando recuperar lo que la Guardería ABC les quitó. La búsqueda de causas, deficiencias, omisiones, responsabilidades, sanciones penales o administrativas o el fin de la vida política o -al mínimo- la sanción social a quienes pretenden que nada pasó. La exigencia de que algo pase para que seamos capaces de construir una cultura que coloque la rendición de cuentas por encima de la protección política. Para que logremos que los derechos de ciudadanos comunes y corrientes prevalezcan sobre la preservación de políticos prominentes y empresarios influyentes. Para que ante el arrebato de 49 tarjetas, México duela pero pueda -algún día, alguna vez- llegar a sanar.

Leído en: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=28551#ixzz348Sl8987