Tan bien pagados que el secretario de Energía puede ser accionista de empresas en el sector, sin que esto sea considerado un conflicto de interés. Donde los consejeros del nuevo INE tienen una percepción bruta de 4.1 millones de pesos. Donde el presidente de la CNDH obtiene un salario de 4.1 millones de pesos. Donde los magistrados electorales del TEPJF cuentan con una remuneración anual bruta de 6.3 millones de pesos. Y el argumento para estos sueldos tan elevados es que son el precio que el país tiene que pagar para evitar la corrupción de los funcionarios. Son sueldos vacuna. Sueldos póliza de seguro. Sueldos que compran la integridad, porque -como sugirió Flavio Galván, magistrado del TEPJF- no se daría por sí misma. Si pagamos cacahuates obtendríamos changos sentados en las plazas públicas.
El problema con esta postura es que no se da en un contexto mínimo de rendición de cuentas. De vínculos entre el sueldo y el desempeño. De una cultura en la cual los funcionarios públicos sirven al público. De un sistema político en el cual quienes trabajan en él son fiduciarios del dinero público y no sus derecho- habientes. Democracias funcionales en donde los funcionarios no permitirían 6 tipos de prestaciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014. Como el "estímulo" que recibirán los ministros de la Suprema Corte para la celebración del Día de la Madre. O el derecho al pago extraordinario por "riesgo" en su labor por el cual el magistrado presidente del TEPJF recibirá 714,576 pesos anuales. O la "Ayuda para el desarrollo personal y cultural" por la cual Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, recibirá 98,357 pesos este año. O la cláusula del contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero que "comprende la cirugía plástica, estética o cosmética". O la ayuda anual para la compra de anteojos destinada a los ministros de la Suprema Corte y a los miembros del sindicato de Pemex.
Privilegios extraordinarios que deberían llevar a una reflexión colectiva sobre cómo se usa el dinero público en México. A preguntar sobre el destino de millones de pesos provenientes de quienes pagan impuestos. A preguntar sobre si estos sueldos y estos bonos están produciendo una democracia de mejor calidad. Si la labor que están recompensando mejora la vida de la ciudadanía o tan sólo la exprime. Si el pago de cirugías plásticas a quienes transitan por los pasillos del poder es algo que cualquier mexicano está dispuesto a aceptar. A avalar. A seguir financiando. Un andamiaje que recompensa mejor la lealtad que el desempeño. Que permite la rotación de élites exageradamente bien pagadas ante ciudadanos terriblemente mal representados. Que permite la permanencia en el puesto al margen de la productividad que se demuestre en él.
Y nada ejemplifica mejor esta cultura cleptocrática que la última reforma electoral, en la cual los partidos modificaron las reglas del financiamiento público para incrementar lo que recibirán en más de mil millones de pesos. Allí, en la letra chiquita. Allí, en la jugosa tajada analizada por César Astudillo en un artículo por publicarse en Voz y Voto y denunciada por Leo Zuckermann. De la mano de un cambio que incrementará en 226% el límite que los partidos políticos tenían para recaudar dinero privado. Demostrando así su insaciabilidad. Evidenciando así su voracidad. Sugiriendo así que con el dinero adicional van a comprar votos y viajes, conciencias y canonjías, un estilo de vida cada vez más distante del mexicano común y corriente, de quien viven y de quien se aprovechan. Porque pueden. Porque no hay quien los detenga, los denuncie, los pare, los sancione. Porque la ciudadanía financia a la cleptocracia rotativa pero acaba saqueada por ella.
Fuente: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=28045#ixzz33ThYl7FZ
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