De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “la administración pública se circunscribe en el poder ejecutivo y su campo de acción se vincula directamente con las políticas públicas orientadas a la atención y resolución de los problemas y necesidades nacionales”. Es decir, a las acciones realizadas por los gobiernos del presidente de la república, de los 31 gobernadores, del jefe de gobierno del Distrito Federal, de los 2 mil 457 presidentes municipales y los 16 jefes delegacionales del DF.
También de acuerdo al INEGI, en 2010 un total de 4,188,784 personas trabajaban la administración pública. De ellos, 1,696,458 (el 40.5%) pertenecían a la administración federal y 2,492,326 (el 59.5%) a las administraciones estatales y municipales. La burocracia federal, estatal y municipal representó el 8.5% de la población económicamente activa del país.
En 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ese año la nómina del gobierno federal fue de 236,389,000,000 de pesos; poco más de 647.4 millones de pesos al día. No fui capaz de encontrar el dato de lo que ese año nos costaron los gobiernos estatales y municipales.
Con tantas personas y tantos recursos económicos dedicados a ella los mexicanos deberíamos tener, como hace dos años lo dijo Naciones Unidas, una “una administración pública responsable, eficiente, eficaz y transparente, fundamental para el desarrollo”.
Deberíamos tenerla pero no la tenemos de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 realizada por el INEGI de enero a diciembre de 2013 entre una muestra de 33,000 personas mayores de 18 años de edad residentes en igual número de viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 o más habitantes.
Algunos de los resultados de la encuesta muestran la insatisfacción que tenemos los habitantes de este país con los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales. También indican lo poco exigentes que muchos mexicanos son cuando de recibir obras y servicios públicos se refiere.
Consideremos estos servicios: 1. energía eléctrica; 2. agua potable; 3. recolección de basura; 4. alumbrado público; 5. semáforos y señalización; 6, seguridad y cuidado de autopistas; 7, parques y jardines; 8, pavimentación; y 9, patrullaje.
Todos menos los tres últimos reciben una calificación aprobatoria que va de un 85.2 para el servicio de energía eléctrica hasta un 62.0 para seguridad y cuidado de autopistas. Las calificaciones reprobatorias son 55.0 para parques y jardines, 38.1 para pavimentación y 37.8 para patrullaje.
Hasta aquí todo se ve bien para los seis que fueron calificados aprobatoriamente. Pero si analizamos en detalle cómo fueron evaluados algunos aspectos de cada uno de ellos veremos cosas interesantes.
Agua potable: apenas el 26.3% de los encuestados considera que el agua es potable.
Alumbrado público: sólo el 30.3% dice que son buenos el mantenimiento y atención a las fallas en el alumbrado público.
Semáforos y señalización: ni la mitad de los encuestados (48.4%) opina que los semáforos son funcionales y los señalamientos claros.
La encuesta que se difundió el pasado 16 de junio puede verse en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENCIG/2013/mar_conp/702825062484.pdf
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