El momento, sin embargo, no permite echar al vuelo las campanas pero tampoco asegurar que esas campanas carecen de badajo. El momento, dicho sin susto ni espanto, es de una natural y comprensible incertidumbre, pero con un triple ingrediente que lo agrava: la violencia criminal y la desesperación social que no cesan y la imbatible corrupción que vulnera toda expectativa.
Lo que sí se perfila como una certeza, desde ahora, es el costo que el gobierno y las oposiciones endosan a la democracia. Un costo difícil de determinar por cuanto que se relaciona con la cultura, la ética y la conducta políticas. Si las reformas estructurales no arrojan el resultado económico y social prometido, la democracia, lejos de consolidarse, afrontará el peligro de reblandecerse.
· · ·
En su nivel constitucional, el Pacto y las reformas derivadas de éste constituyeron una hazaña política. Gobierno y partidos reconocieron la unidad en la diversidad y, donde no, toleraron que el gobierno negociara por separado con la derecha o la izquierda. Fueron del menáge a trois al pas de deux.
El panismo y el perredismo adoptaron actitudes fundamentalmente escenográficas pero, en el fondo, aceptaron las concesiones que se hacían a una corriente o a la otra. Así, la derecha aceptó que se concedieran a la izquierda ajustes, de presunto corte social, en la reforma hacendaria como la izquierda aceptó que, en la reforma energética, bailaran el gobierno y la derecha.
Gala de pragmatismo desplegaron el gobierno y los partidos opositores y, en ese nivel de las reformas, salieron adelante.
· · ·
Ese proceder, sin embargo, tuvo un precio. Se pactó a costa de la división de poderes, la pluralidad y la idea de concebir a los partidos como instrumento de la ciudadanía. Puede entenderse que en aras del fin se sacrificó al medio, pero el tratamiento y procesamiento político- legislativo de las reformas arroja un déficit para la democracia.
El Legislativo perdió el paso en el camino que lo conducía a consolidarse como un auténtico poder, como un factor de equilibrio. Si, desde la segunda mitad del sexenio zedillista hasta el fin del sexenio calderonista, el país incursionó en la práctica del gobierno dividido -el Ejecutivo en unas manos y el Legislativo en otras- y ensayó, no sin tropiezos, frustraciones y desencuentros, la construcción de acuerdos, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, regresó a la práctica del parlamento domesticado, ahora, por la dirección de los partidos.
Las dirigencias del panismo y del perredismo, en el afán de consolidarse al frente de su respectivo partido y de resistir o aprovechar, según el caso, los movimientos a su interior, hicieron una apuesta cuyo resultado tardará en conocerse. Coincidieron sin disentir y sacrificaron su esencia opositora. Más de una vez, esa derecha y esa izquierda cruzaron la frontera que separa a la oposición leal del colaboracionismo incondicional y aplicaron, cuando pudieron, una política de canje o chantaje.
Los legisladores, en particular los afines a la dirección de su respectivo partido, asumieron una actitud dócil. Cuando no abdicaron a su cuádruple función, la redujeron al mínimo. Dejaron de representar, de parlamentar, de legislar y de gestionar. Sirvieron a los intereses de su grupo o partido político, no a los de sus electores; discutieron, en el mejor de los casos, en privado sus diferencias, simulando o anulando el debate público; recibieron con las manos abiertas legislaciones escritas fuera de su despacho; y, en más de un caso, votaron sin saber qué votaban, atentos y disciplinados a la línea dictada por la dirección de sus partidos.
Ambas instancias, Legislativo y partidos opositores, se desentendieron de la ciudadanía. El Congreso dejó de representarla y los partidos invirtieron los términos de su función: lejos de ser instrumento de la ciudadanía, hicieron de ésta su instrumento.
Acuerdos cupulares, sesiones a puerta cerrada, dictámenes elaborados fuera del Congreso, debates escenográficos... marcaron el desempeño.
· · ·
Si tal fue el procesamiento y tratamiento de las reformas -la forma cómo se atendieron-, el fondo político de ellas, más allá de su especificidad en sí, no abona en favor de la democracia y el federalismo.
Más allá del discurso público, la oposición de derecha e izquierda aceptó con agrado regresar al centralismo a costa del federalismo y recargar su incapacidad para crecer e implantarse a lo largo y ancho del país, en la centralización del poder. Bajo la bandera de amarrar las manos a los gobernadores e impulsar supuestamente, así, el desarrollo de la democracia, encubrieron su incompetencia y vieron con buenos ojos fortalecer al Poder Ejecutivo así como a algunos órganos autónomos federales.
Hoy, la nómina del magisterio, la supervisión del endeudamiento de municipios y estados, el acceso a la información, los procesos electorales, el control del seguro popular se reconcentran y se centralizan. Si bien suena como música a los oídos acotar el poder de los estados, no puede ignorarse que se golpea al federalismo y que esa marcha hacia atrás expone la debilidad y la fragilidad de la oposición.
Esos saldos negativos de las reformas tardarán en expresarse e, incluso, pueden generar la ilusión de un cambio con mejora en la democracia pero, a la postre, dejarán ver cómo se regresó al estadio que se pretendía remontar.
· · ·
Medir al Pacto y las reformas por sus resultados en el desarrollo económico y social tardarán, en el mejor de los casos, tres o cuatro años y, ciertamente, no es el momento de aplaudirlas o abuchearlas.
Desde ahora se advierte, sin embargo, que, en su proceder formal y sustancial, la derecha y la izquierda no contribuyeron a consolidar la democracia. A mediados del año entrante, en las urnas se verá la calificación de la ciudadanía a su actuación. Menudas marometas se verán durante los próximos meses.
sobreaviso12@gmail.com
Leído en http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/columnas/2014/06/07/sobreaviso_2845_1009.HTML
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.