El despliegue de los aparatos de seguridad para hacer el cateo fue de gran envergadura, conjuntando autoridades de la Policía Federal, el gobierno del estado, la Policía Ministerial de la Procuraduría y el Ejército.
Aún mayor fue el operativo mediático —encabezado por una conferencia de prensa conjunta del gobernador de Michoacán y el procurador de la república— destinado a posicionar que se rescató a casi 600 personas, la mayoría niños, que supuestamente se veían forzadas a pedir limosna, dormir en el suelo y comer alimentos en mal estado.
Asimismo, se habla de presuntos abusos sexuales y casos de privación ilegal de la libertad. Se informó que la fundadora ha sido detenida junto con ocho personas y que se presentaron alrededor de 50 denuncias durante los últimos meses.
Esta ofensiva mediática de las autoridades fue respondida por una fuerte indignación y airadas declaraciones de los partidarios de la señora Verduzco en redes sociales.
Los más notorios defensores de Mamá Rosa han sido el expresidente Vicente Fox y su esposa, Enrique Krauze, el futbolista Rafa Márquez, Jean Meyer y Lydia Cacho. De manera similar muchas personas han expresado su solidaridad en redes sociales y han organizado marchas.
Hay que señalar que el hecho de que personas de tan alto perfil estén opinando podría verse como una manera de buscar influir en las investigaciones y en los juicios que habrán de conducirse en los próximos días.
Pero aún más alarmante resulta es que instancias tanto estatales como federales continúen con la práctica de linchar mediáticamente a personas que no han sido encontradas culpables ni mucho menos sentenciadas.
En el caso que nos ocupa, y sin tener elementos para afirmar que la fundadora del albergue La Gran Familia sea o no responsable de los hechos que le imputan, queda claro que aun si un juez la exonera el trabajo de toda una vida, se verá manchado por el juicio sumario que ya hizo la opinión pública.
La “presunción de inocencia” no deja de ser una frase que se usa en los discursos pero brilla por su ausencia en las prácticas de las autoridades judiciales, más preocupadas por utilizar los medios como escaparate para generar ganancias políticas que por respetar los principios jurídicos básicos y los derechos humanos de los ciudadanos.
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