El fondo del problema es más grave. No es la compra tradicional de votos de rebeldes o de opositores seleccionados previamente. No es el pago por ausencias, por abstenciones o por irse al baño a la hora de votar asuntos delicados. No es algo aleatorio. Se ha convertido en un sistema para dominar al Poder Legislativo.
Se trata de reproducir a escala federal un método que los gobiernos priistas han aplicado en el Estado de México desde los tiempos de Alfredo del Mazo González. Para anular el contrapeso del Poder Legislativo y convertir a los diputados opositores en sirvientes del gobernador era necesario “maicearlos”. Al mejor estilo de Carlos Hank González y de la escuela de corrupción en la que se convirtió el Grupo Atlacomulco.
En la administración de Arturo Montiel, pero más en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el asunto se volvió escandaloso. No trascendió a escala nacional porque Toluca se siguió manejando como el rancho particular del Grupo Atlacomulco. Y bajo las suaves maneras de corromper, existe un equipo de fontaneros que espían, extorsionan o presionan a quienes se niegan a aceptar el “moche”.
Se trata de un método de cooptación que se aplica para convertir a los diputados en parte del circuito del silencio y de la corrupción del sistema político mexiquense. Para lograrlo, se inventaron unas partidas presupuestales conocidas como Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC). A través de este mecanismo cada uno de los 75 diputados del Congreso mexiquense reciben el equivalente a 2.5 millones de pesos anuales para realizar obras y entregar materiales de construcción a los ciudadanos en sus distritos.
En apariencia, el programa es loable. En esencia es absolutamente corruptor porque los recursos son mayores, el “pago en especie” es mucho más que materiales de construcción y genera un tráfico de influencias perverso.
En octubre de 2009, a dos años de que finalizara la administración de Peña Nieto, Gustavo Parra Noriega, del PAN, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense, explicó que los sobresueldos en los diputados locales los convertían en los mejor pagados del país: a los 90 mil pesos mensuales, se les suman sobresueldos por un millón 80 mil pesos, más 10 mil pesos para gastos telefónicos y una cantidad igual de gasolina. Además, cada diputado recibía 55 mil pesos mensuales para gasto de una oficina de atención ciudadana –666 mil pesos al año–, y el uso de los recursos del PAC (2.5 millones de pesos).
En ese momento, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense quería reducir estos sobresueldos para establecer “reglas de transparencia”. Evidentemente, fracasó. A nadie le convenía en ese Congreso eliminar tal cantidad de gastos discrecionales.
En diciembre de 2013, ya con Eruviel Avila como gobernador, cada uno de los 75 legisladores del Estado de México recibió un aguinaldo de 110 mil pesos, más los 2.5 millones de pesos que se reciben anualmente como parte del PAC. En otras palabras, se erogarían más de 200 millones de pesos, sin estar sujetos a ninguna fiscalización.
El escándalo que se ha generado por los bonos en la Cámara de Diputados, más los que se conozcan en el Senado, son un fiel reflejo del estilo de gobernar mexiquense. El problema no es cooptar a un Poder Legislativo. El asunto es despertar la furia de los ciudadanos que ya no creen ni en sus representantes populares.
Corromper a todo un Poder Legislativo no es una anécdota. Es un sistema para maquillar el consenso y frenar cualquier contrapeso de poder.
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