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En total 13 municipios, 12 de Guerrero y uno del Estado de México, cuyos habitantes y sus bienes son ahora protegidos por el Ejército y la Policía Federal.
El Comisionado Nacional de seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que en la investigación de los seis asesinatos y 43 secuestros perpetrados en Iguala el 26 de septiembre se han descubierto situaciones irregulares en algunas policías municipales de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el de Ixtapan de la Sal.
La semana pasada sucedió lo mismo en los municipios de Iguala y Cocula, también en Guerrero.
Lo que estamos viendo en el estado que sigue gobernando Ángel Aguirre, gracias al apoyo incondicional que está recibiendo del PRD, es similar a lo que hemos atestiguado en decenas de municipios de otros estados, como son Michoacán, Tamaulipas o Veracruz.
Ante lo que está ocurriendo nadie puede sorprenderse. Desde siempre han sido corruptas las corporaciones policíacas mexicanas, sean federales, estatales o municipales. La historia nos demuestra que los agentes policíacos de todos los niveles generalmente han sido individuos de poca o nula integridad.
Los gobernantes de este país les fallaron a nuestros ancestros y nos han fallado a nosotros al permitir la existencia de corporaciones policíacas como las que están siendo intervenidas por las fuerzas armadas y la Policía Federal. Presidentes de la república, gobernadores, jefes de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales no solamente toleraron sino que promovieron a policías corruptos.
¿Quién puede olvidar que el jefe de la policía del Distrito Federal durante la presidencia de José López Portillo fue su amigo, un criminal y asesino llamado Arturo Durazo? ¿Quién puede ignorar que los gobernadores y presidentes municipales desde tiempo inmemorial han utilizado a los policías estatales y municipales como sus guardias personales y fuentes de fabulosos ingresos ilícitos?
Lo que ha sucedido en cada uno de los municipios intervenidos por la Policía Federal, el Ejército o la Marina sucede en muchos municipios más, algunos de ellos en el Estado de México y dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por razones políticas sus policías y directores de Seguridad Pública no han sido desarmados, removidos y, si procede, consignados ante un juez. El caso de Ecatepec es el mejor ejemplo de un gobierno municipal totalmente rebasado por la delincuencia.
Por todo esto, nadie tiene por qué ni de qué sorprenderse de lo que ocurre en los municipios de este país.
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