De las dos principales consignas y reclamos que se han escuchado en la
movilización nacional e internacional por la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha podido cumplir hasta ahora, casi un mes después de esos hechos, con ninguna de las dos: ni ha caído el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a pesar de los mensajes que le han mandado desde la Secretaría de Gobernación, ni han encontrado a los 43 estudiantes que los policías municipales se llevaron vivos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
La presión nacional e internacional sobre este caso arrecia al grado de
poner en tela de juicio la estrategia federal de seguridad y la política
de respeto a los derechos humanos del país; mientras en el gobierno
federal no saben qué hacer ni con el aferrado gobernador que se niega a
solicitar licencia y ha desafiado incluso a las peticiones del
secretario de Gobernación, Miguel Osorio, para que lo haga —a quien
Aguirre retó con “!sáquenme¡ cuándo el funcionario le pidió dejar el
cargo— ni tampoco atinan a dar con el paradero de los 43 normalistas, a
pesar de tener detenidos a 63 policías que presuntamente participaron en
el secuestro y desaparición de los jóvenes.
Ayer, según revelaron padres y familiares, ni el procurador Jesús
Murillo Karam, responsable directo de las investigaciones, ni el
secretario de Gobernación les dieron avances que indiquen que tienen una
idea clara de dónde pueden estar los 43 estudiantes o sus cuerpos sin es
que fueron privados de la vida. Y a cada día que pasa, y el gobierno da
palos de ciego, el desgaste y la presión seguirán creciendo junto con la
desconfianza.
En el caso del gobernador la decisión final podría venir del Congreso,
concretamente del Senado donde hoy la Comisión de Gobernación ha
anunciado que comenzará el análisis de la declaración de “desaparición
de poderes” que interpuso el PAN. Senadores del PRI que en un principio
se mostraban reacios a escalar el tema a una intervención del Poder
Legislativo, ahora están abiertos a que se analicen las condiciones
prevalecientes para aplicar la facultad constitucional de declarar
ausencia de poderes en Guerrero, con todas las consecuencias y el
precedente que una acción así tendrá en la vida de la República.
Y en el otro reclamo, el principal que se ha escuchado en toda esta
macabra historia, es el que parece más lejano y complicado cada vez para
la administración de Peña Nieto. ¿Dónde están los 43 normalistas?
¿fueron asesinados? ¿siguen vivos? ¿dónde están sus cuerpos? La falta de
respuestas y de pericia, a casi un mes de su desaparición, está teniendo
un costo demasiado alto para el gobierno. Por un lado es un tema que
puede marcar de manera definitiva a esta administración y por el otro ya
hay un damnificado político: el procurador Murillo Karam que, con todo y
el encargo presidencial urgente y la promesa de “no impunidad”, no tiene
aún respuestas para los padres, las familias y para todos los ciudadanos
que han exigido justicia.
Qué tan alto podría ser el costo para Murillo Karam que desde adentro
del propio gobierno ya cuestionan si el procurador podría convertirse en
el seguro primer Fiscal General de la República como se daba por hecho
antes de que se trasladara a Iguala. Junto con el nombra del titular de
la PGR ya se habla de otros dos funcionarios de alto nivel que estarían
en la cuerda floja por su papel en el caso de los normalistas de
Ayotzinapa: el director del Cisen, Eugenio Imaz Gispert, que nunca tuvo
información del momento en qué se llevaron a los 43 estudiantes, y el
comisionado Nacional de Seguridad Pública Alejandro Rubido, como
responsable directo de la seguridad en el país.
Mucho se dice que al presidente Peña Nieto no le gusta hacer cambios en
su gabinete, pero en este caso, dado el nivel que está tomando el
escándalo nacional e internacional que ya pone en tela de duda a la
capacidad de su gobierno, todo indica que tendrán que rodar cabezas si
no quieren que el asunto escale de nivel.
*NOTAS INDISCRETAS…* A propósito de los que ya empiezan a especular con
otros nombres para el Fiscal General de la República que se define el
próximo año, un dato que les convendría saber es que Manlio Fabio
Beltrones, a quienes algunos han mencionado, ni siquiera es abogado,
requisito indispensable que marca la Constitución y más bien es
economista. ¿Será que al sonorense lo querían echar a pelear con su
amigo Murillo Karam?... Los dados mandan Serpiente. Falló el tiro.
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109386.php
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