La Fiscalía de México ha reconocido ante las familias de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en Iguala que han existido errores en el proceso de exhumación de las primeras fosas halladas hace tres semanas. Los padres de los normalistas se han reunido este lunes con el ministro de Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, quienes atribuyen este proceso erróneo a la Procuraduría del Estado de Guerrero, la encargada inicial de la investigación.
“Lo que nos dicen, y lo que hemos corroborado con nuestros peritos, es un mal procedimiento para la exhumación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y de todas las organizaciones estatales. Hicieron una intervención inadecuada en el proceso de identificación”, ha comentado a la prensa mexicana Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan al salir de la reunión.
Unos 60 familiares de los normalistas acudieron en autobuses desde Ayotzinapa hasta Acapulco para conocer por primera vez los detalles de la investigación tras la desaparición de los estudiantes hace casi un mes. Aunque Murillo Karam descartó el pasado 15 de octubre que los 28 cuerpos encontrados en cinco fosas en Iguala pertenecieran a los estudiantes, el fiscal general ha apuntado ante los padres que no es posible llegar a una conclusión hasta que los estudios forenses terminen.
“Nos dijeron que hay algunos detenidos que están interrogando y que los están acercando a los muchachos, pero nada más”, ha relatado Felipe de la Cruz, un miembro del comité de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “No confiamos en su investigación porque no vemos resultados”. Las familias han asegurado que seguirán con sus labores de búsqueda independientes de las autoridades.
Han pasado 24 días desde que los normalistas desaparecieron. La Policía Municipal de Iguala los detuvo y supuestamente los entregó a sicarios del cartel Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre. Los rostros de los 43 estudiantes han sido mostrados este lunes en un anuncio a doble plana en los principales periódicos de México. La Fiscalía ofrece una recompensa de 110.000 dólares por información que ayude a encontrar a los normalistas o a los responsables de su desaparición.
Entre las voces que demandan una solución pronta al caso se ha levantado la del sacerdote Alejandro Solalinde. El cura, que en los últimos años ha trabajado ayudando a los migrantes centroamericanos que cruzan México, se ha presentado en la Procuraduría General de la República para presentar el testimonio de cuatro personas que hablaron con él y le aseguraron conocer el destino de los 43 estudiantes. Solalinde, vestido en hábito blanco, ha contado a los periodistas en las puertas de la Procuraduría que los estudiantes fueron asesinados en las cercanías de Iguala en un sitio donde la Policía Municipal los llevó para prenderles fuego con ayuda de leña y diesel.
Según el relato del sacerdote, uno de los testigos le enseñó un mapa del sitio donde posiblemente estarían los cuerpos de los normalistas, al norte del Estado de Guerrero, no muy lejos del sitio donde fueron detenidos. Hasta ahora, las autoridades no han aceptado el testimonio del sacerdote pero han programado un encuentro entre el cura y el fiscal general para los próximos días. “Este gobierno está apostando por un control de daños políticos, más que por una solución o justicia”, ha criticado Solalinde.
Mientras tanto en su discurso el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, repite su promesa de resolver el caso y hallar a los estudiantes. Durante el fin de semana, el Gobierno asignó la vigilancia policial a las fuerzas federales en 14 municipios del Estado de Guerrero y en uno del Estado de México. Peña Nieto ha reconocido que en estas 15 localidades “hay evidencia de infiltración del crimen organizado” con las autoridades locales. “Seguiremos trabajando para que, junto con los gobiernos locales, pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo, encargadas de dar seguridad”, ha insistido.
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