El desfile de horror no acaba. Sacude a México y al mundo. Entre los muertos y los desaparecidos la tragedia rebasa ya en cantidad al 68. El presidente Peña lo dijo con toda claridad: las instituciones están a prueba. Persecuciones, fosas, detenciones y un doloroso misterio que desde hace semanas invade y se resume en dos palabras: ¿por qué? Pero también es momento de pensar qué se puede hacer para evitar que este horror se repita. Paradojas de la vida ahora son los gobernantes de la izquierda los señalados.
Guillermo Valdés nos recuerda en su libro “La historia del narcotráfico en México” las múltiples penetraciones o capturas como se les suele llamar, que han sufrido todos los partidos. Qué hacer es la pregunta.
Antes se podía argumentar que el control de las bandas estaba radicado en ciertas áreas de algunas entidades. Después recurrimos a la explicación del “efecto cucaracha”, pero ahora el escenario es el inverso: son pocas las entidades donde no ha habido o hay penetración, del orden municipal hasta arriba. No es metáfora. Varios lectores comentaron la propuesta planteada en este mismo espacio hace una semana: atajar la emergencia con un acuerdo público de los partidos políticos de acudir al Cisen, a la desaparecida pero existente y actuante Secretaría de la Función Pública, a la PGR y a especialistas, para que las personas postuladas en el 2015 a cargos de elección popular que renovarán la mitad de la República y la Cámara de Diputados no tengan antecedentes que los vinculen con el crimen organizado que acecha a todas las casas políticas.
Por supuesto que la decisión última será de los partidos, pero resultaría difícil postular bajo advertencia. Lo que se hubiera ahorrado el PRD, hoy en el banquillo de los acusados por el caso Iguala, y el País, eso si hubieran indagado. Alberto Begné recordó, en las páginas de Excélsior, la experiencia del PSD en el 2006. Llevamos casi una década perdida, facilitando la penetración.
Hay buenas noticias. El sábado pasado el Consejo Nacional del PRD dio un paso muy importante, aprobó un resolutivo para evaluar el desempeño en seguridad de los 286 alcaldes con los que cuenta y también la actuación de dirigentes, legisladores y funcionarios públicos de ese partido. Mirar hacia adentro, al presente, con ojos críticos es, sin duda, un avance que los otros partidos deberían imitar. Pero hay más.
El PRD aprobó la utilización del polígrafo y una prueba de antidoping a los aspirantes. Subieron el rasero. Pero ese rastreo podría ser mucho más eficaz si los partidos acudieran a los sistemas de inteligencia donde se concentra la información sobre el movimiento de las bandas delictivas. A todos los partidos se les han “colado” muchos casos, por decirlo de manera coloquial. Pero postular a alguien con antecedentes en el fondo es complicidad, involuntaria si se quiere. Hay ciertos casos como el del Alcalde fugitivo en que resulta imposible creer en la inocencia como premisa. El presidente del PRI anunció que están en la ruta de lograr un acuerdo interpartidario en el mismo sentido. Ahora falta el PAN cuyo presidente fue el primero en lanzar la idea.
Se trata de blindar al País, en un esfuerzo coordinado, en que los sistemas de seguridad den su visto bueno a los postulados. Ello no demerita el ámbito de decisión partidaria, es un filtro mínimo que intentaría garantizar, si es que la palabra procede, que por lo menos hasta la fecha de la postulación no había registro de alguna irregularidad que funde la sospecha. La consulta debería ser hecha con toda discreción para que no haya usos políticos de los resultados. En la ley no hay una fracción que diga “no tener relación con el crimen organizado” pero se desprende de la intención del legislador.
¿Qué pierden los partidos haciendo público el “Visto Bueno”? Nada. De hecho harían corresponsables a los aparatos de seguridad e inteligencia. Si allí no se tiene información para sustentar la sospecha, es imposible exigírsela a la los partidos. Los partidos ganarían en credibilidad, que buena falta les hace, y los dineros pagados por los mexicanos desembocarían en acciones de prevención de un problema que sacude a las instituciones. La cuestión está en el tiempo, pues para todo fin práctico el proceso electoral está en curso y los partidos necesitan hacer las postulaciones. El Cisen y otras instancias de seguridad tendrían que revisar miles de expedientes de los alrededor de 2200 de los puestos en juego. Se puede hacer en un esfuerzo conjunto entre partidos que deberían acelerar sus listas previas para dar margen a la investigación. Es cuestión de voluntad política expresión muy manoseada por todos.
UNA BUENA.- Entre las muertes y el lodo de las últimas semanas pasó casi inadvertido el logro de la diputada panista de Oaxaca Eufrosina Cruz, quien consiguió el respaldo del pleno de la Cámara de Diputados para que los “usos costumbres” no limiten el derecho al voto. Se trata de una discusión de principios: nada puede estar por encima de los derechos fundamentales plasmados en el Titulo Primero, por centenarias que sean las costumbres. Las democracias o son liberales en sus principios o no son democracias.
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